Tres semanas antes de la fecha límite para que los Estados Unidos presenten su solicitud final para la extradición de Julian Assange, funcionarios ecuatorianos viajan a Londres para permitir que fiscales estadounidenses se hagan con las pertenencias de Assange. El Ecuador no ha permitido ni la presencia de Julian Assange, ni la de oficiales de Naciones Unidas, cuando los funcionarios ecuatorianos lleguen a la embajada del Ecuador en Londres el lunes 20 de mayo por la mañana.
La indispensable cadena de custodia ya se ha roto. Los abogados de Julian Assange no estarán presentes en la confiscación ilegal de sus pertenencias, que han sido “solicitadas por las autoridades de los Estados Unidos de América“. El material incluye dos manuscritos de Assange, así como sus documentos legales, registros médicos y equipos electrónicos.
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La incautación de sus pertenencias viola las leyes que protegen la confidencialidad médica y legal, así como también las protecciones propias de la prensa. La incautación figura oficialmente como “Asistencia Penal Internacional 376-2018-WTT, requerida por las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica“.
El número de referencia de la documentación indica que la cooperación formal de Ecuador con los Estados Unidos se inició en el año 2018. Desde el día de su arresto, el 11 de abril de 2019, los abogados de Assange y la cónsul de Australia en Londres, han presentado docenas de demandas documentadas a la embajada de Ecuador para la liberación y devolución de las pertenencias del Julian Assange, demandas que no han obtenido respuesta.
El Relator Especial de la ONU para la Privacidad, Prof. Cannataci, quien se reunió con Assange en la prisión de Belmarsh el 25 de abril, pidió al Ecuador poder estar presente durante la incautación de los bienes de Assange para monitorear la diligencia. El Ecuador, inexplicablemente, se negó, a pesar de que el país tiene abierta desde 2003 una invitación permanente para que los relatores de la ONU visiten e inspeccionen en la jurisdicción ecuatoriana cualquier aspecto vinculado a su mandato.
La incautación y la entrega de los bienes de Julian Assange a los Estados Unidos es la segunda fase de una cooperación bilateral que en enero y febrero de este año se manifestó a través de la facilitación de interrogatorios estadounidenses a diplomáticos ecuatorianos, pasados y presentes, asignados a la embajada de Ecuador en Londres, en el período en el cual Julian Assange estaba recibiendo asilo.
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Los interrogatorios estuvieron relacionados con la investigación del Gran Jurado de Estados Unidos en contra de Assange y de WikiLeaks. Como parte de una primera fase de la cooperación, los Estados Unidos también le solicitaron al Ecuador documentos y material audiovisual de Assange y sus visitas, recolectados durante una extensa operación de espionaje en contra Assange dentro de la embajada.
El viernes 17 de mayo, el presidente Lenín Moreno decretó un estado de emergencia que suspende los derechos de los presos a la “inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de asociación y reunión y la libertad de información” a través del Decreto Ejecutivo 741.
Kristinn Hrafnsson, editor de WikiLeaks expresó: “El Lunes 20 de mayo, el Ecuador realizará un espectáculo teatral en la Embajada del Ecuador en Londres, para sus amos en Washington, justo a tiempo para que puedan expandir su caso de extradición antes del plazo límite del 14 de junio. “La administración de Trump está induciendo a sus aliados a comportarse como si estuvieran en el Lejano Oeste“. Hrafnsson prosiguió: “Ecuador actualmente está gobernado por criminales y mentirosos. No tengo duda de que el Ecuador, ya sea independientemente, o a instancias de los EE.UU., ha manipulado las pertenencias que va a entregar a los Estados Unidos“.
Baltasar Garzón, Coordinador de la Defensa Jurídica de Julian Assange y WikiLeaks, dijo: “Como coordinador de la defensa jurídica de Julian Assange y WikiLeaks, considero muy grave la decisión de Ecuador de registrar e intervenir las pertenencias, documentos, datos y material de defensa de Julian Assange incautados arbitrariamente para entregarlos a los Estados Unidos, país que es el agente de persecución de aquellos por razones políticas contra aquel.
Es un ataque sin precedentes al derecho de defensa y la libertad de expresión y de acceso a la información que denuncian agresiones masivas a los derechos humanos y contra la corrupción. Pedimos el amparo de los organismos internacionales de protección para que cese esta persecución“.
Carlos Poveda, abogado defensor de Julian Assange en Ecuador, comentó: “Frente a estos innumerables e incontables abusos, al amparo de las disposiciones legales contenidas en la legislación interna y de instrumentos internacionales de derechos humanos la defensa legal se opuso a la realización de esta diligencia, sin embargo todo ha sido rechazado y negado; así como utilizando la reserva de la investigación todo ha sido ausente de transparencia, a pesar de que la Fiscalía General del Estado manifiesta su compromiso de defensa de los derechos humanos.
Sin motivación alguna y ausente de todo criterio jurídico, se demuestra el interés de obtener elementos que sirvan a Estados Unidos para proseguir su flagrante persecución, así como advierte intentar gestionar investigaciones en el Ecuador. Igualmente, debemos indicar que hasta la presente fecha no ha sido tramitada la denuncia de espionaje en contra de Julián Assange, a pesar de la gravedad de los hechos.”
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Aitor Martínez, quien representa Julian Assange y a quien trabajadores de la embajada le fotografiaron su carpeta con documentos legales confidenciales con un teléfono móvil en octubre 2018, puntualizó: “Ecuador está cometiendo una flagrante violación a las normas más elementales de la institución del asilo entregando indiscriminadamente todo el material personal del asilado al país del que le protegía, Estados Unidos. Un hecho así no tiene precedente en la historia del asilo. El país de protección no puede colaborar con el agente de persecución en contra de la persona a la que se le confería protección.
Lo sucedido en el día de hoy agrava aún más este hecho, al desatender Ecuador los reclamos del Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Privacidad. Este órgano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU había solicitado información e incluso participar en el acto para inspeccionar la diligencia judicial acordada.
Con este rechazo a la solicitud del Relator, Ecuador se enfrenta a todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos en el marco de la ONU. De esta forma, el país quedará en adelante retratado ante la comunidad internacional como un país fuera del sistema de garantías a los derechos en los que se enmarcan los países democráticos“.
