Lo sucedido ayer en la Asamblea Nacional del Ecuador no cogió de nuevas a este autor. Desde hace meses vengo diciendo que se iba a dar el tiro de gracia a la democracia en Ecuador, y ayer se consumó ese acto de forma totalmente inconstitucional y espúrea. Ayer la Asamblea Nacional con 84 votos a favor 32 en contra y 8 abstenciones decidieron destituir a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Rosa Chalá, Walter Gómez, Victoria Desintonio y al presidente José Carlos Tuárez.
A escasos 2 meses de ser elegidos por el pueblo, el informe que presentaron para su fiscalización roza lo absurdo por ejemplo al padre José Carlos Tuárez se le acusa por su condición de cura, pero la razón verdadera era que estos cuatro consejeros había mostrado la voluntad de revisar todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio anterior que como ya comentamos fue blindado por la misma corte constitucional que ellos habían elegido sin actuar con acuerdo a ley. Cualquiera debería extrañarse de que no se pueda revisar nada de lo realizado por el anterior Consejo Transitorio y sin embargo se realice el juicio político contra quiénes nada han podido actuar.
Estas acciones aparte de ir en contra de la voluntad popular saldrán carísimas al pueblo ecuatoriano, pues es evidente que estas y otras muchas denuncias internacionales las perderá el gobierno ecuatoriano y les tocará asumir costas e indemnizaciones. Informábamos desde este medio también que se iba a promover una consulta popular para dar continuidad o no al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora evidentemente la jugada para el gobierno Moreno es genial si gana la desaparición estarán contentos y si no gana pues también porque controlan a los consejeros que pervivirán y a los que tomarán nuevos cargos. Mientras esto sucedía ayer el Gobierno de Moreno aún no ha contestado al relator contra la Tortura de la ONU que requería hace unos días a que se den respuestas a varias acciones realizadas de manera contraria a ley en el caso Assange. Lo dicho: Ecuador tiene el gobierno de la infamia
