Primera entrega de una saga de dos partes con tres episodios cada una, sobre la dictura que podría instalarse en Ecuador. Las tres entregas de la primera parte de esta saga, dibujan el conexto necesario para entender lo que se redacta a continuación. Se recomienda su lectura previa.
La dictadura inadvertida (I). Los orígenes.
La dictadura inadvertida (II). Las violaciones de derechos.
La dictadura inadvertida (III). La Rusia soviética.
El triunfo arrollador de la dictadura inadvertida (a quien varios incautos, o rapaces, todavía celebran), descrita en los tres partes de la “Dictadura inadvertida” (p. 1, p. 2, p. 3), ayuda a comprender esta dictadura por venir. Para una mejor comprensión de ésta, es necesario profundizar en una explicación de carácter político.
La elección de Lenín Moreno como Presidente, en la segunda vuelta celebrada el 2 de abril de 2017, fue el cuarto triunfo consecutivo del movimiento Alianza País en las elecciones para la Presidencia de la República.
Alianza País fue fundada el año 2006 y desde entonces triunfó en todas las elecciones presidenciales en las que participó: Rafael Correa triunfó en las tres primeras (2006, 2009, 2013), y en los gobiernos del 2006 y 2009, Lenín Moreno fue su Vicepresidente.
Fue Rafael Correa quien ungió a Lenín Moreno como su sucesor (los números lo respaldaban: era el posible sucesor de Correa menos odiado, en unos tiempos de anti-correísmo feroz). El día que Lenín Moreno aceptó la candidatura, en un estadio del sur de Quito, se comprometió a sostener los ideales y programas del movimiento por el que aceptó participar en la elección: “La deslealtad no es el camino”, afirmó entonces. Ocurrió el 1 de octubre de 2016.
Desde octubre de 2016 a mayo de 2020 mucho ha pasado, pero la historia debe empezar a contarse con que la deslealtad sí fue el camino tomado por Lenín Moreno una vez que ocupó la Presidencia, en mayo de 2017. A menos de cumplirse un año de su aceptación de la candidatura, el movimiento Alianza País ya se había fracturado y existía una facción “morenista” que había desplazado a una facción “correísta” de su dirección y del movimiento mismo, para acto seguido impedir su participación política en las futuras elecciones seccionales del 2019 mediante argucias legales perpetradas por los organismos electorales.
Así, la facción morenista se apropió del exitoso movimiento para convertirlo en una organización tan impopular, que al 2020 casi no hay ni un gil que quiera lanzarse como candidato por Alianza País. En menos de tres años, se convirtió a la organización cuatro veces triunfadora de las elecciones presidenciales en una apestada de la política.
Pero es mayo de 2017 y trepado en esa ola de anti-correísmo que existió a principios de su gobierno, el Presidente Moreno convocó y logró que se celebrase el referéndum del 4 de febrero de 2018. Obtuvo la aceptación de sus siete propuestas en el referéndum (el famoso “sí, siete veces sí”), y entre ellas, como se ha visto en la “Dictadura inadvertida”, la creación de aquel desfachatado y devenido en dictatorial Consejo “en Transición”, que se convirtió en el órgano ad-hoc al uso del feroz anti-correísmo para eliminar (29 destituciones mediante 27 tras evaluaciones, 2 por fuera de ellas) a autoridades públicas de relevancia, que habían sido nombradas durante el precedente gobierno de Rafael Correa, así como para nombrar a dedo a sus sucesores.
La razón de ser de este órgano transitorio, según el decreto ejecutivo del 29 de noviembre de 2017 por el que se convocó al referéndum y se justificaron las reformas constitucionales propuestas, era cumplir con unas “funciones transitorias que viabilicen los cambios que han sido exigidos”.
Esos cambios exigidos fueron, principalmente, el paso de elegir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por otras autoridades del Estado, a ser elegidas por la voluntad popular. Y esto fue presentado como un gran avance para este órgano de rango constitucional, pues dicha reforma implicaba una “aplicación del principio constitucional de progresividad de derechos”, según decía el citado decreto.
Sin embargo, cumplidas las “funciones transitorias” por el Consejo “en Transición”, esta razón de ser de “viabilizar” unos cambios para progresar en derechos se ha revelado como una total farsa. Si aquel habría sido el propósito, las autoridades del gobierno nacional y del Consejo “en Transición” habrían respetado la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido por la voluntad popular, mismo que resultó de las elecciones seccionales celebradas el 24 de marzo de 2019.
Pero ocurrió que el feroz anti-correísmo que existía el 2017 y a principios del 2018 ya había menguado considerablemente su fuerza para inicios del 2019 y el gobierno nacional fue incapaz de evitar que, en las primeras elecciones celebradas post-referéndum, la voluntad popular lo abofetease decidiendo que la mayoría de los consejeros sean los que se identificaron como correístas (a la facción correísta se le proscribió la participación directa en la elección).
Esta derrota popular, el gobierno de Lenín Moreno no la podía encajar. Que después del exterminio masivo de correístas hecho por el Consejo “en Transición” el 2018 en nombre del pueblo, sea el propio pueblo el que decida el 2019 que vuelvan los correístas a ocupar espacios de poder y, para peor, en el mismísimo órgano que había sido el motor del feroz anti-correísmo y cuya reforma constitucional había sido el objeto mismo de este período llamado “de transición”, era demasiado como para que lo encaje este gobierno compuesto casi exclusivamente de traidores, advenedizos y oportunistas.
