Plan Cóndor del siglo XXI (III): el menosprecio a las reglas democráticas

Tercera y última parte de un contenido descriptivo sobre la insurrección en Bolivia del año 2008 y el Golpe de Estado en Honduras del 2009. Durante la primera y segunda entrega se sentaron las bases argumentales que deben ser leídas para entender el texto que se reproduce a continuación. Para ello haga click aquí (primera parte) y click aquí (segunda parte).

En 2006 Evo Morales gana las elecciones con más del 53% de los sufragios. En 2008, a dos años de su llegada al poder ejecutivo que se caracterizaron por nacionalizar las industrias de recursos renovables y no renovables como el agua, la minería, el petróleo y los hidrocarburos en general, la pobreza y el analfabetismo descendieron bruscamente.

Estados Unidos (EEUU) bajo el mandato del republicano George W. Bush, decidió suspender de forma indefinida a Bolivia de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA por su sigla en inglés). EEUU alegó entonces que el mandatario boliviano no colaboraba en la lucha antidroga con la nación norteamericana.

El jefe de Estado boliviano declaró como respuesta que su país estaba mejor sin esa ley dictada por el Congreso estadounidense, asimismo denunció que los norteamericanos condicionaban la política arancelaria preferencial, a cambio de la privatización de los recursos naturales.

En el mes de septiembre se intenta un golpe atípico por parte de grupos paramilitares fascistas y terroristas de las prefecturas y los comités cívicos de la llamada Media Luna, quienes eran apoyados por el Embajador de Estados Unidos Philip Goldberg mismo que fue expulsado por conspirar contra la democracia de Bolivia.

Esto llevó a un conflicto interno de violencia en el país de grupos opositores contra el gobierno de Evo, lo que terminó con una masacre, de la que después fueron acusadas por genocidio las autoridades del departamento Pando.

Estados Unidos ha sido partícipe de manera directa e indirecta de los intentos de buscar la salida del presidente de Bolivia, Evo Morales y con ello consolidar su poder hegemónico en América Latina, según expertos.

Desde acusar al mandatario boliviano de narcotráfico, hasta planes de magnicidio en su contra, ha formado parte de la agenda golpista desde que Morales anunciara su modelo de política social, en beneficio de un pueblo indígena olvidado a lo largo de los más de 30 años de democracia. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), fue acusada por el presidente de Bolivia de cometer actos injerencistas contra ese país.

La mayoría social tuvo un papel protagonista y activo durante los gobiernos de Evo Morales, defendiendo los proyectos de gobierno, la democracia y la unidad del país, una de las razones principales que explican la resistencia del ejecutivo socialista frente a los sectores de la oposición que desde el principio estuvieron buscando violentar la democracia con diferentes formas y estrategias de golpes de Estado.

Golpe de Estado en Honduras

Antes de llevar a cabo el golpe de Estado, el gobierno estaba en manos de Manuel Zelaya del Partido Liberal. En 2008 ocurre la crisis económica, ante ella las decisiones del gobierno fueron medidas orientadas la proteger la calidad de vida de la población hondureña.

Se aplicó con programas de alfabetización, asistencia médica gratuita, líneas de crédito a bajísimas tasas de interés, planes de vivienda, contratos de Pretrocaribe, recuperación de la base militar estadunidense (Palmerola). Estas decisiones hacen que Zelaya se aparte de la alineación política y económica estadunidense.

Zelaya propone convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, dentro del marco de las elecciones presidenciales del 2009. El objetivo era dar el protagonismo político al pueblo para que éste decidiera los nuevos marcos constitucionales en los que se desarrollaría una nueva jurisprudencia que se ajustase a la actual realidad cotidiana de los ciudadanos.

La Corte Suprema de Justicia declara ilegal esta consulta, y habilita al Ministerio Publico y Tribunal Supremo Electoral para que tome cualquier material que pueda servir para realizar la consulta, eso conlleva a desarrollar un estallido social y una movilización de sectores y simpatizantes de Zelaya.

La oligarquía propicia el golpe de estado en manos de las fuerzas armadas, que secuestran a Zelaya y lo llevan a la base militar estadounidense de Palmerola. Desde allí lo deportan al exilio en Costa Rica.

Tanto la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico y el Tribunal Supremo Electoral enfatizaron que separaban al presidente Manuel Zelaya de su cargo para evitar que se perpetuara en el poder.

Entonces el Congreso Nacional violando la Constitución emite un decreto mediante el que ordena separar al presidente Zelaya de su cargo, tras lo que toma el cargo ejecutivo el presidente del Congreso, dado que el vicepresidente tuvo que presentar su renuncia.

Los miembros del ALBA deciden aislar política, diplomática y comercialmente al gobierno golpista, Venezuela cancela suministrar petróleo, los embajadores de Europa en Honduras deciden abandonar el país, las instituciones financieras internacionales congelan los préstamos, la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución pidiendo el restablecimiento del presidente hondureño.

La gestión diplomática de la ONU y Costa Rica, favorece a los golpistas, que contando con el apoyo de EEUU y la Unión Europea, no tienen prisa en las negociaciones, obligando a Zelaya a recapitular en la mayoría de sus reivindicaciones democráticas para no perder el espacio político que la derecha hondureña empezaba a achicar con asesinatos políticos y la creación de una poderosa agenda mediática por la que establecieron la idea de que la intención del presidente constitucional era perpetuarse en el poder.

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