Plan Cóndor del siglo XXI (IV): golpes de Estado “institucionales”

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Comienzo de la segunda serie de la entrega sobre el Plan Cóndor. En este exhaustivo reportaje se analizan todas las aristas políticas, sociales, geopolíticas, culturales y económicas de la acción de los gobiernos de turno de Estados Unidos (EEUU) en América Latina durante las últimas décadas. Para entender el contenido que se reproduce a continuación es necesario comenzar por el principio y seguir el orden:

Un 30 de septiembre del 2010, miembros de la Policía Nacional ecuatoriana se sublevaron contra el Gobierno legítimo y constitucional del presidente Rafael Correa por unas prebendas económicas que les eran eliminadas por una nueva normativa (Ley de Servicio Público) recién sancionada en el Parlamento de ese país suramericano.

Los golpistas toman el Regimiento de Quito, posteriormente el presidente Rafael Correa, llega a las instalaciones que habían sido tomadas por la policía, en donde explica que esa ley buscaba duplicar el salario de los funcionarios, por tal motivo no era necesario seguir entregando un bono.

Pero su discurso no tuvo mayor impacto dado que ya estaba puesto en marcha el plan para derrocarlo e incluso asesinarlo, en donde fue agredido con gases lacrimógenos. La persecución golpista lo hace refugiarse en un hospital para ser atendido.

Es allí donde es secuestrado por un reducto policial, mismo que también, inician saqueos a negocios y destrozos a edificios estatales. Ante esta situación, casos y crisis en que se encontraba el país, las autoridades convocan al pueblo para que se defienda la democracia, se rescate a su presidente constitucional y se defienda la patria.

La Ciudadanía sale a las calles al rescate de su presidente llegando al lugar donde estaba secuestrado y momentos después llegan las fuerzas militares, mismas que través de un grupo de élite de Operaciones Especiales logra rescatarlo entre el enfrentamiento de las fuerzas armadas.  Posteriormente fue conducido palacio de gobierno con una multitud que lo esperaba en la Plaza de la Independencia.

La comunidad internacional se hizo eco de la afirmación del presidente Rafael Correa y calificó el hecho como un “intento de golpe de Estado”. El secretario de ese entonces de UNASUR, Néstor Kirchner, convoca a los presidentes que integran el organismo regional en defensa de la democracia y del presidente Correa.

Los medios de comunicación privados tuvieron un rol importante para la configuración de las condiciones que desarrollaron este intento Golpe de Estado. Dado que más del 50% de información que se generaba era en contra del gobierno, dando que a comprender que estaban a favor de este rompimiento constitucional. Catalogando esta crisis sólo como una rebelión policial.

Otro punto en la agenda hegemónica para desestabiliza a las naciones libres, democráticas, progresistas e independientes de América Latina fue el Golpe de Estado en Paraguay en el año 2012. En el 2008 Fernando Lugo llega a la presidencia de Paraguay ligado a los sectores campesinos, con las promesas centrales de una Reforma Agraria.

Se mostraba bajo la apariencia de una coalición que reunía a diversos partidos y organizaciones. El gobierno de Lugo mostró importantes dificultades en el ámbito legislativo, pues la cámara de senadores estaba en las manos de la oposición, el Partido Colorado de las élites.

Y es allí donde se orquesta el golpe de Estado parlamentario, bajo un mal llamado, “juicio político”, donde la Cámara de Diputados (como instancia acusadora) por mayoría de 76 votos contra 1, aprueban someter a un juicio político al presidente Fernando Lugo por los cargos que se le imputaban.

Según los legisladores opositores que actuaron como fiscales, incluían “su responsabilidad en una sangrienta balacera entre policías y campesinos, su vínculo con líderes de organizaciones de campesinos que invaden haciendas privadas y nepotismo en la administración pública“, entre otros.  En 36 horas se le anuncian los cargos, se le cito al juicio político y se le condena.

Es la Cámara de Diputados quien inicia el juicio político, el Senado es el que lo juzga bajo cinco cargos:  autorización en 2009 de un acto de juventudes izquierdistas sudamericanas en un cuartel militar; instigador y facilitador de invasiones de tierra; acciones “insuficientes” frente a los problemas de inseguridad; firma del Protocolo de Ushuaia II, sin la anuencia del Congreso paraguayo y la inacción ante la matanza de Curuguaty.

Más allá de estas acusaciones sin pruebas presentadas, lo determinante de su destitución fue el retiro del apoyo por parte de su aliado el Partido Liberal Radical Auténtico, del cual era parte su vicepresidente.

La Organización de Estados Americanos (OEA) desestimó que se haya perpetuado un golpe de Estado, a diferencia del Mercosur como la UNASUR calificaron lo sucedido como “Golpe de Estado encubierto” y denunció públicamente que se había violado el legítimo derecho a la defensa.

Los medios masivos de comunicación han tenido un papel fundamental en este mal llamado juicio político, donde los intereses políticos primaron frente al derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas. Medios que estaban al servicio de la oposición, sus miembros pertenecían al Partido Colorado.

Aunque el golpe de Estado no fue militar sino Parlamentario, las fuerzas armadas sí estaban en manos de los lideres posicionados estratégicamente, los cuales participaron de alguna manera del conflicto de Curuguaty.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, James Thessin, mantuvo cierta neutralidad frente al conflicto y adoptó la postura del secretario general de la OEA. No obstante, como es sabido debido a publicaciones de Wikileaks, la embajadora anterior, Liliana Ayalde, ya había manifestado en 2009 sus resquemores respecto al gobierno de Fernando Lugo.

Asimismo, entre 2005 y 2010 centenares de policías y militares paraguayos fueron entrenados por programas financiados por la USAID y uno de los representes de dicho organismo ya había tenido reuniones con el grupo golpista. Un hecho clave es que el gobierno de Barack Obama declaró públicamente su apoyo a Federico Franco.

Los casos de Ecuador y Paraguay son clara muestra de la continuidad de un histórico asedio contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Ante las acciones de desestabilización siempre se manifestará la dignidad de las naciones libres y soberanas.

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