El Acuerdo de Escazú (I): buscando su ratificación en Latinoamérica

El Acuerdo de Escazú

Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, se abrió a la firma de los países el 27 de septiembre de 2018 en la en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York Estados Unidos (EEUU), contribuyendo así al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica) y negociado por los Estados con la participación significativa de la sociedad civil y del público en general, con un valor regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible.

Este acuerdo busca: “luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas 2018.

Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza.

El referido acuerdo determina que “el objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, según lo establece el artículo número uno del acuerdo.

Escazú en Latinoamérica

Este Acuerdo Regional se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe dentro de los cuales 11 países han ratificado (Bolivia, Guyana, Uruguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua y Ecuador) el acuerdo en sus respectivos parlamentos y congresos, estando en proceso avanzado de ratificación los países de Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú y México.

Mientas tanto, en otros países dicho proceso se ha ido estancado por intereses económicos y geopolíticos de los sectores poderosos, así como la falta de voluntad por parte de los gobiernos. Adicionalmente, 11 países aun no lo han firmado (Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Suriname, Trinidad y Tobago, y Venezuela).

Chile por su parte, ha manifestado públicamente que no lo firmará y los países que aún no han firmado  tienen un plazo hasta el 26 de septiembre del presente año y una vez ratificado entraría en vigencia en cada país a los 90 días..

Es el primer tratado que brinda protección a defensores y defensoras ambientales, luego de las preocupaciones principales sobre los aumentos de los conflictos socioambientales y los asesinatos a ambientalistas, de acuerdo a Global Witness, en 2018 se cometieron 164 crímenes contra defensores del medio ambiente y 83 de ellos ocurrieron en Latinoamérica.