En 40 años, el colectivo educativo (profesionales, alumnos y familias) ha pasado por siete leyes educativas diferentes, y vamos ya hacia la aprobación de la octava. Esta situación provoca una gran inestabilidad del sistema, porque no permite implantar las medidas necesarias a largo plazo. Es necesario ir más allá de la reforma de la ley educativa de turno: es necesario llegar a un pacto educativo global, un marco integral que no se modifique cada cuatro años, o con el cambio ideológico del gobierno.
Ese pacto, que nunca se ha podido alcanzar en el país, debe perdurar en el tiempo, y adaptarse a las necesidades de todos los sectores implicados, y no de la orientación política correspondiente. Es imprescindible un consenso político, inexistente hasta la fecha, para que el modelo educativo progresista no sea flor de un día.
La “Ley Celaá” ha nacido envuelta en una gran polémica, por las novedades que se incluyen, que para muchos son excesivas y que para otros muchos no llegan suficientemente lejos. Pero sí que incluye algunos elementos que parecen querer avanzar en la buena dirección:
- Una mayor atención al interés superior del menor.
- Fomento de la igualdad de género y la prevención de la violencia machista.
- Mejora de la educación, a través de una mayor personalización de la enseñanza.
- Dar la importancia correspondiente a la Agenda 2030 y la atención al desarrollo sostenible.
- Necesidad de atender a los cambios digitales en la actividad educativa, fomentándolos entre los profesionales y el alumnado.
- Mejorar el nivel competencial de todo el alumnado, compensando las desventajas de origen.
- Recuperar la equidad perdida durante los años de la crisis.
- Modernización de la FP y mejora de sus tasas de escolarización.
- Reducir el abandono escolar y facilitar el retorno al sistema educativo.
- Flexibilizar la ESO con una mayor atención personalizada, para el éxito escolar.
El problema de la escuela concertada
Varias asociaciones de patronales de la educación concertada están haciendo una campaña de rechazo de la ley, convocando concentraciones de protesta.
La escuela privada siempre ha considerado que la concertada le hace una “competencia desleal” por el pago de cuotas de las familias, en el segundo caso, que nunca son tan “voluntarias” como la ley establece.
En la nueva ley, se incrementan las restricciones a esos pagos, ya que los centros públicos y privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir la enseñanza de carácter gratuito, ni imponer aportaciones, ni servicios obligatorios asociados a la enseñanza, ni el pago de cuotas a través de sus fundaciones. Es decir, se limita la práctica que han estado realizando, hasta ahora.
Retirada del castellano como lengua vehicular
La derecha española ha usado, históricamente, el tema de la lengua como un arma arrojadiza en los debates educativos, centrándose más en aspectos relacionados con la ideología que con las necesidades educativas de cada territorio.
En el nuevo proyecto, PSOE, UP y ERC aprobaron, con la abstención de PNV, que la nueva reforma educativa no incluyese el castellano como lengua vehicular, algo que ya ha pasado con leyes anteriores, sin tanto alboroto. La medida ha generado polémica entre la oposición, que la considera anticonstitucional, una imposición del independentismo catalán.
En realidad, la ley no hace mención al castellano como lengua oficial y vehicular de la educación, sino que dice que la educación se hará de acuerdo con la Constitución y que se garantizará el derecho a recibir educación en castellano. Sin embargo, la ley establece que, al finalizar la educación básica, los alumnos deberán tener un dominio pleno y equivalente de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial correspondiente. Son las comunidades autónomas las que deben garantizar el derecho de los estudiantes a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales.
Centros educativos especiales
Este ha sido el punto con una mayor carga propagandística y tergiversadora. La derecha (especialmente algunos “expertos” educativos como Bertín Osborne, de sobra conocido por su animosidad hacia todo lo que haga el Gobierno, y bien dispuesto vocero de la extrema derecha), han propagado el bulo de que la nueva ley pretende acabar con los centros educativos especiales. Sin embargo, en ningún aspecto de la ley se establece, como pretende esa campaña mediática, que estos centros queden sin su correspondiente financiación.
Lo que plantea la ley es un plan de diez años en el que el Gobierno y las administraciones educativas trabajen para que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad“. Es decir, fomentar una mayor integración en el sistema educativo. El objetivo es que los centros de educación especial continúen escolarizando a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada y que desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Por tanto, el nuevo proyecto de ley en ningún momento menciona ni el cierre de los centros de educación especial ni la obligatoriedad de escolarizar a alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios.
Educación religiosa
Otro elemento que también está provocando controversia es el tema de la asignatura de religión, que podrá seguir ofertándose, pero no podrá ser una obligación para quienes optan por esta forma, como impuso la Ley Wert. La nota de esa asignatura no contará para las becas o el expediente académico.
Nuevamente, la Ley Celaá se ha convertido en una oportunidad perdida para avanzar hacia una educación laica real. El hecho de que la asignatura de religión deje de contar como nota, es un cambio reducido hacia una educación libre de ideologías y dogmas. En un estado aconfesional, debería desaparecer la obligatoriedad de ofertar la asignatura de religión, como se establece en el Concordato con la Santa Sede. En realidad, sin la denuncia del Concordato, es imposible avanzar en una educación laica real, que impida la enseñanza confesional.
Tampoco se soluciona el acceso desigual a la docencia del profesorado de religión, seleccionado por autoridades religiosas, sin atender a ningún tipo de requisito basado en la profesionalidad, sino en la militancia religiosa. Así, se crea la anomalía de tener docentes sufragados por el estado, que acaban impartiendo otras asignaturas sin necesidad de pasar oposiciones, y que pueden ser despedidos según su estilo de vida, y no su competencia profesional.
Otros aspectos importantes
- Introducción de la educación afectivo-sexual.
- Incremento del suelo disponible para la construcción de centros públicos.
- Aumento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años).
- Plan ante situaciones de emergencia, para dar continuidad a la actividad educativa, con aspectos organizativos y de funcionamiento del centro, así como medidas que garanticen la competencia digital.
- Conocimiento de la historia de la democracia.
En definitiva, estamos ante una ley educativa progresista pero poco ambiciosa, que aún deja muchos claroscuros a su paso, y en la que se postergan algunos de los principales conflictos que se viven hoy en día en la educación: segregación del alumnado por género o creencias, enseñanza confesional, desigualdad de acceso a la docencia, falta de medios en la educación pública, etc.
A pesar de lo que se pueda pensar, todo parece indicar que la ley llegará al Tribunal Constitucional, para valorar los temas más polémicos. Y, en estos momentos, los expertos no se ponen de acuerdo en si la ley pasará ese trámite o no.
Así, se demuestra, una vez más, que el debate educativo en nuestro país se centra, únicamente, en los aspectos relacionados con la ideología. Y se demuestra con un líder de la oposición que ya ha declarado que la ley durará lo que el PP tarde en llegar al poder.
