El Proceso Constituyente garantizará la ruptura con el neoliberalismo en Ecuador

El pasado domingo 7 de febrero se produjo la primera votación de las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador.

El hecho de mayor impacto político lo protagonizaron Andrés Arauz y Carlos Rabascall, al vencer con más de 10 puntos sobre su más inmediato perseguidor, hoy Guillermo Lasso. Los progresistas de la Lista 1 han sido víctimas de una obstaculización electoral, y su movimiento político ha sido perseguido judicial y políticamente desde hace tres años y medio. Además de ello, ha sufrido un silencio mediático que los ha silenciado con respecto a otras candidaturas.

Obtener la victoria en esas circunstancias, a las que hay que sumar el exilio forzado del líder de la Revolución Ciudadana Rafael Correa, y la cárcel del vicepresidente Jorge Glas mediante un montaje, ha sido un éxito que impulsa a Andrés Arauz y a Carlos Rabascall a la alcanzar la victoria en abril, mes en el que se celebrará la segunda vuelta.

Sin embargo, a causa del cambio en el método para la adjudicación de los escaños en la Asamblea Nacional -la Ley D’Hont ha sido desestimada en favor del Método Webster– y la cantidad de apoyo electoral recibido, la Revolución Ciudadana ha conseguido alrededor de cincuenta asambleístas de un total de 137.

Pese a que es la primera fuerza en el poder legislativo, el Frente Neoliberal que ya están fraguando Guillermo Lasso, Yaku Pérez y Xavier Hervás a instancias de la OEA, impedirá que la opción más votada por los ecuatorianos y ecuatorianas tenga la iniciativa parlamentaria.

Este contexto negará al gobierno de Andrés Arauz, si se logra imponer en la segunda vuelta, desarrollar una labor ejecutiva estable que pueda cambiar la realidad cotidiana de la mayoría social. Con la Asamblea Nacional centrada en desgastar al gobierno en vez de elaborar leyes que beneficien a la ciudadanía, la legislatura será larga y difícil.

La opción para superar el obstáculo que la derecha está conformando, el gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascall debe convocar un proceso que consiga la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

La misma no sería para redactar una nueva constitución, ya que la aprobada en 2008 tiene plena vigencia, sino para refrendar la actual eliminando las leyes que la violan como la “Ley Humanitaria“, además de para blindar los derechos de los ecuatorianos con iniciativas que serían bloqueadas por la AN secuestrada por el Frente Neoliberal.

Esta opción permitiría a Andrés Arauz, de llegar al poder, garantizar el desarrollo de su plan de gobierno, mejorando la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos como en la “Década Ganada” en la que él mismo participó activamente.

La constituyente generaría las condiciones necesarias para que los poderes del Estado pudieran revertir la corrupción instalada en la institucionalidad ecuatoriana, recomponiendo la justicia y los mecanismos de control como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Con ello, la democracia regresaría a la nación suramericana, requisito indispensable para recuperar la paz social que desapareció en el año 2017.