Fondos europeos: IBEX35 o la mayoría social

Un año después del primer diagnóstico de un contagio de COVID-19 en España, las consecuencias de esta nueva crisis están siendo desastrosas para todos: más de tres millones de casos, casi 65.000 fallecidos, graves secuelas para muchos de los que pudieron curarse, y una campaña de vacunación que encuentra, cada día que pasa, más problemas derivados de la gestión capitalista del sistema.

Económicamente las consecuencias no han sido mucho mejores, agravando la crisis que ya arrastrábamos desde 2008: el PIB español ha caído un 11%; se han perdido casi 700.000 puestos de trabajo mientras que 750.000 personas trabajadoras siguen en el limbo que suponen, de momento, los ERTE; casi 40.000 pequeñas y medianas empresas han sucumbido también a la crisis, a pesar de las ayudas del gobierno. Las cifras de desempleo oficiales ya están por encima del 16%.

Socialmente la pandemia ha acelerado la crisis social, económica y medioambiental en la que nos hallamos, como consecuencia de años de políticas neoliberales de los diferentes gobiernos españoles, como ha quedado demostrado ante los problemas que la mala gestión y las privatizaciones han tenido sobre la crisis sanitaria.

Ante esta situación se ha vuelto a ver el panorama habitual: los que hemos pagado, pagamos y pagaremos la nueva crisis que se avecina seremos los sectores de siempre, mientras el gran capital ha seguido con lo suyo: destruyendo el tejido productivo que no es rentable (a pesar de su importancia social), aumentando la presión sobre los trabajadores e incrementando sus beneficios, a costa de los más desfavorecidos.

Lo hemos visto en medio de la pandemia con la gestión que las multinacionales farmacéuticas han hecho del negocio de la vacuna, por ejemplo. Pero también lo hemos visto en las subidas del precio de la electricidad en medio de la ola de frío que nos asoló a comienzos de año. O con el pago de las indemnizaciones del proyecto Castor. Se trata de procesos que afectan al conjunto de la población y a los recursos que el Estado puede destinar a los sectores más desfavorecidos, como siempre.

Y aún nos queda por ver el espectáculo más deplorable: el de las hienas repartiéndose los 140 mil millones de euros de los fondos europeos que se espera que lleguen a nuestro país (70 mil en transferencias y otros 70 mil en créditos) en los próximos tres años.

Porque ese capitalismo de amiguetes, ese sistema profundamente desigual y antidemocrático que impera en España, espera que los beneficios de esa lluvia de millones no sean para los autónomos, los trabajadores, la sanidad, la dependencia, la educación (pública, la concertada y la privada ya se llevarán su “pellizco”).

Esa lluvia de millones caerá allí donde está previsto que dé más beneficios empresariales y no sociales: a las empresas del IBEX35 y a sus lacayos políticos, que ya están luchando para posicionarse en la carrera para hacerse con esos beneficios.

Evidentemente, los proyectos que presentarán para hacerse con esos fondos tendrán un trasfondo social y medioambiental que les dará una pátina de “respetabilidad”. No nos engañemos, en el diseño de su distribución no habrá nadie de la sociedad “real”, pero sí de la “economía real”: ni la sociedad civil, ni las pequeñas empresas, ni la economía social.

Sólo los nombres de siempre, los Florentino, los Amancio, los Botin, etc., junto a sus abanderados en los consejos de administración y poco más. Porque se trata de un sistema clientelar, formado sobre redes de sobornos y alianzas que el gran empresariado mantiene con algunos sectores políticos, y que está arruinando al conjunto de la sociedad española.

La gestión de estos fondos y de los proyectos que se beneficiarán se ha convertido en otro espacio de conflicto en el que los diferentes interesados presionan, desde el comienzo del proceso sobre el gobierno de coalición de PSOE-UP para conseguir su parte del pastel.

¿Os imagináis la fiesta si el gobierno fuese del PP o sólo del PSOE? Ya desde el principio la derecha política, junto a la banca, las organizaciones patronales y el IBEX35 han presionado para conseguir una mediación exclusiva con el PSOE que les permita una mejor posición en la negociación y, al mismo tiempo, y como quien no quiere la cosa, erosionar el gobierno de coalición progresista.

Para quitarse una parte de esa presión y del desgaste, Pedro Sánchez aceptó responsabilizar al conjunto de los partidos políticos que gobiernan en las comunidades, para “distribuir” ese desgaste. Para ello, ha atribuido a los gobiernos autonómicos hasta un 50% del control de la gestión de los fondos, pero siempre con un respaldo efectivo del gobierno.

Esto supondrá que una lluvia de millones llegará a un sistema de gestión autonómico que está basado, en muchas de esas comunidades, en un sistema clientelar de intereses, como se ha demostrado en Madrid, Andalucía, etc. De ahí el nivel de desconfianza que destilan desde Europa al tratar la cuestión de cómo gastar esos fondos en España. De ahí la enorme importancia que tendrá desarrollar unos organismos efectivos de control de los proyectos.

La situación de debilidad que las personas trabajadoras están padeciendo desde hace décadas en un mercado de trabajo demasiado precarizado, que ha venido precedida por la pérdida de derechos laborales y sociales a causa de las diferentes reformas laborales de los gobiernos del PP y del PSOE, está dejando a grandes sectores sociales al margen de cualquier posible recuperación post-pandemia.

¿No debería ser ya la hora de hacer políticas que, realmente, beneficien a la sociedad, a las necesidades de los más desfavorecidos del sistema? ¿Políticas que fomenten las libertades y los derechos democráticos de todos, sin estar supeditados a una minoría oligárquica privilegiada? ¿No es hora ya de superar el régimen del 78?

Es necesario seguir apostando por la puesta en marcha o por el funcionamiento de las propuestas sociales de urgencia, como las subvenciones de los ERTE, que tantos hogares están salvando; como el ingreso mínimo vital, la mejora de la situación de la sanidad, etc. Es necesario incrementar el Salario Mínimo Interprofesional, teniendo en cuenta que casi el 20% de los asalariados tiene contratos precarios y otros muchos se encuentran, directamente, en el mercado negro.

Si bien es cierto que el gobierno de coalición ha avanzado en algunos temas, siempre ha sido a remolque de las presiones de Unidas Podemos, frente a las posturas más neoliberales de algunos sectores del PSOE.

Así se ha conseguido algún éxito al frenar, aunque sea temporalmente, la reforma del sistema de pensiones del ministro Escrivá, o el incremento del SMI, aunque hayan sido éxitos parciales. Sobre la mesa aún tenemos la derogación de la reforma laboral, de la Ley Mordaza, o los proyectos de tanta importancia como los de ley de Memoria Democrática y la de Cambio Climático y Transición Energética.