Indulto al procés: conciliación social frente a la crispación política
El indulto que prepara el gobierno del PSOE y Unidas Podemos muestra la voluntad conciliadora de la izquierda, frente al conflicto que necesita reproducir la derecha.
Los indultos que serán otorgados por el gobierno español a los líderes del procés, es actualmente el centro del debate político en España. Sus antecedentes se ubican a partir del 1 de octubre de 2017, fecha donde se llevó a cabo el referéndum por la independencia de Cataluña.
Dicha consulta previamente fue invalidada por el Tribunal Constitucional, lo que conllevó a una escalada de tensiones que desembocó en hechos de violencia, y la detención de los líderes que promovían la referida consulta.
Dichos acontecimientos provocaron una cadena de eventos en el mundo político tras la declaración de independencia. Todo ello trajo como consecuencia la suspensión de la autonomía de Cataluña por parte del gobierno español, al cese del gobierno catalán y a la celebración de nuevas elecciones autonómicas el 20 de diciembre de ese mismo año.
El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró públicamente la independencia de Cataluña el 10 de octubre. Poco después, suspende sus efectos con la intención de impulsar un diálogo.
Diecisiete días después el Parlamento catalán tras experimentar pocos avances en los canales comunicativos habilitados entre los gobiernos de Barcelona y Madrid, aprueba la declaración de independencia.
En estas circunstancias, el entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aplica el artículo 155 de la Constitución, el cual posibilitó la suspensión de la autonomía de Cataluña, acusando al mismo tiempo a los líderes del procés por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Al cabo del proceso consultivo, los líderes promotores del referéndum partieron al exilio, recayendo sobre varios de ellos medidas de prisión preventiva o libertad condicional. Tal consulta ha provocado reacciones contrapuestas en las dirigencias partidistas de España en todo su amplio espectro político, polarizando de esta forma la opinión pública.
En este sentido, los sectores de derecha de España han elevado sus voces de protesta ante la intención del gobierno central, -a causa de la presión de Unidas Podemos-, encabezado por Pedro Sánchez, de otorgar una medida de indulto para aquellos dirigentes involucrados en medidas judiciales impuestas como consecuencia del Referéndum catalán.
Históricamente los procesos de diálogo y concertación política mediante la aplicación de indultos han sido utilizado recurrentemente para apaciguar conexos políticos de alta complejidad y tensión.
Estas fórmulas de entendimiento están amparadas en valores democráticos, siempre conducente a minimizar las posibilidades de una escalada de conflictos que afecte a la ciudadanía.
Por ello, el pasado 7 de junio el presidente del Gobierno insistió en que es necesario “dejar atrás esa dialéctica estéril de los últimos años“. Dicho lo cual, estima que se deben “cambiar las amenazas por propuestas, vengan de donde vengan, con pragmatismo, honestidad y sentido común“.
La solución al conflicto político entre España y Cataluña “pasa por la amnistía de los condenados y por la autodeterminación“, considera el mandatario. Todo ello defendido la necesidad del “reencuentro y el regreso de la política“, algo a lo que la medida de gracia puede ayudar.
Por otra parte, la derecha representada por PP, Ciudadanos y VOX, haciendo uso de tácticas de crispación política para inocular matrices de opinión que rechazan la posibilidad de indulto a los promotores independentistas del procés.
Los indultos a los políticos catalanes condenados por sedición son considerados por el partido Ciudadanos como una decisión “arbitraria” y suponen un “menosprecio” al sistema judicial español.
Bajo estos argumentos los sectores más conservadores de España procuran generar un contexto de conflictividad que dista mucho de los actuales procesos de concertación política promovido por la izquierda.
La derecha ejerce la continuidad de una praxis política que la ha caracterizado en el tiempo por los discursos hostiles que denotan un intento de normalización del odio. Todo ello ante la ausencia de una agenda política sistematizada que pueda movilizar voluntades por medio de la razón en vez de la emocionalidad y el rencor.
Mediante la tesis “amigo – enemigo”, el conservadurismo español plantea polemizar los eventuales indultos a los líderes del Procés.
Para ello se han propuesto impugnar dichas medidas ante el Tribunal Supremo, hecho que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado inviable por falta de legitimación, exceptuando Vox, quien ha estado involucrado en el proceso penal.
De llegar a prosperar el recurso judicial de la derecha, este no representará una anulación de las medidas de indulto. Esto último demuestra que la estrategia conservadora se disolverá en el tiempo al igual que su justificación argumental, todo ello ante la ausencia de una verdadera agenda política.
Las mismas declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ejemplifican lo anteriormente mencionado al criticar el pasado 9 de junio al PP en el Congreso por no tener una propuesta para resolver la crisis catalana y por su posición contraria al indulto de los políticos catalanes condenados por el procés.
Campo defendió el diálogo y ha pedido curar heridas, declarando en su intervención que “resolver la situación generada en Cataluña es obligación del Gobierno“. De igual forma, refiriéndose al partido derechista señala: “Ustedes (PP) estuvieron en el Gobierno y fracasaron hasta el extremo”.
Por su parte, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, prevé que los indultos llegarán antes del verano. Asimismo, se estima también se presentará la reforma sobre el delito de sedición del Código Penal español actual.
Se considera como un hecho seguro que el gobierno central ejecute la decisión sobre los indultos antes del verano, probablemente entre los meses de junio y julio. Esto imposibilita cualquier alternativa al diálogo político en España sobre el tema catalán, colocando la propuesta confrontativa de la derecha en una clara posición de debilidad política.