Pacto entre el PSOE y UP: visiones opuestas que logran ser funcionales

Durante los últimos años, España ha sido testigo de una dinámica de gobernabilidad relativamente novedosa, todo ello a raíz del pacto suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Dos visiones ideológicas contrapuestas, pero con un parcial esquema funcional en común.

Pero esta década, más allá de las convocatorias electorales y los cambios de gobierno, ha sido de una gran complejidad política. En poco más de dos lustros España ha sufrido una triple crisis, una de carácter económico, otra territorial y otra en el ámbito sociopolítico.

A raíz de ello, en este periodo se han sucedido movilizaciones sociales de gran calado, conflictos internos en los partidos tradicionales, aparición de nuevas formaciones, y un profundo proceso de judicialización política.

Asimismo, España ha experimentado un descenso social que ha supuesto el empobrecimiento de las clases populares a través del incremento del desempleo y la precarización laboral, con una especial afectación a las generaciones más jóvenes.

El segundo gobierno de Marino Rajoy termina abruptamente el 2 de junio de 2018, a raíz de la primera moción de censura exitosa de la democracia española. Esto da inicio a un gobierno provisional liderado por el entonces nuevo secretario general del PSOE Pedro Sánchez.

Quien después de convocar dos veces más a los ciudadanos españoles a las urnas en 2019, logra la jefatura del gobierno central, liderando por primera vez en la historia del Régimen del 78, un gobierno progresista de coalición con UP que contemplaba además, un acuerdo de coalición para la formación de una agenda Ejecutiva común para España.

La firma tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, en presencia de dirigentes de ambas formaciones y de cargos del Gobierno en funciones. Dicho pacto también conllevó a un acuerdo para la distribución de la Mesa del Congreso. Este hecho sentó las bases para que la izquierda política volviera a ser mayoría casi 30 años después.

De acuerdo a sus proyecciones, esta nueva legislatura deberá mantenerse hasta 2023 en virtud de tres grandes temas ocupan la agenda política: la economía, el todavía irresuelto asunto de Cataluña y los temas medioambientales. Para dicho cometido, la consistencia y la cohesión del gobierno de coalición resultan primordiales.

Por otra parte, es imperativo que en la actividad parlamentaria, los votos de la izquierda se mantengan sin alteraciones para garantizar la viabilidad de su gobierno. Esto será relevante para eventuales escenarios, tales como las conversaciones actualmente en curso con el independentismo catalán, sobre las cuales recae una presión social y política considerable.

El referido pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos, tiene una gran trascendencia. No sólo por dar paso al primer gobierno de coalición que se ha formado en España desde la transición democrática. Es también el primer gran pacto de un gobierno progresista desde la llamada Transición, y se basa en un programa con un fuerte contenido social.

Las organizaciones políticas pactantes suscribieron un documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas. Se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral.

Asimismo, el referido programa propone una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los poseedores de grandes fortunas, así como a las empresas que posean grandes capitales. De igual forma, neutraliza la llamada ley seguridad ciudadana y propone una fuerte subida del salario mínimo, todo ello con un acentuado discurso social.

El acuerdo para un Gobierno progresista, establece la regulación del precio de los alquileres, incluye la construcción de un parque público de viviendas y recoge un plan estatal para la rehabilitación.

El referido documento dedica un epígrafe entero para la igualdad de oportunidades, políticas feministas. Los dos partidos pactantes se comprometen a aprobar una ley contra las violencias sexuales, frenar la trata y explotación de las mujeres.

A las medidas proyectadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se suma el establecer como prioridad la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética. Telecomunicaciones, sanidad y apoyo al empleo en el ámbito rural.

Igualmente, se ha contemplado declarar el 31 de octubre como “día de recuerdo para las víctimas del franquismo”, y el 8 de mayo para reconocer a los exiliados. La primera fecha coincide con el aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978 y la ley de memoria histórica en 2007.

El documento también plantea devolver a sus anteriores propietarios los bienes expropiados durante la dictadura, y la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el Estado.

Son diversos los retos que aún le deparan a la coalición PSOE-UP. La nueva dinámica política de coexistencia partidista tiene un largo camino por hacer si quiere llevar a cabo su programa.

Entre los primeros pendientes figuran la cohesión y el desempeño del gobierno. La unión no es un tema menor, pues para un gobierno amplio con diversas obediencias y sensibilidades, es difícil coordinarse y elaborar mensajes inequívocos.

La migración, los derechos laborales, el medio ambiente, la fiscalidad o la cuestión catalana pueden llevar a más de un conflicto interno. Más complicado aún será el desenvolvimiento del gobierno, con un programa de expansión del gasto en un contexto global de pandemia y recesión económica.

Entre los retos a superar también se encuentra el encausar la conflictividad territorial en España. Es menester establecer un diálogo político entre el gobierno catalán y el estatal, para establecer las bases para la negociación y el pacto que dé soluciones perdurables.

La existencia de líderes del procés juzgados, presos y en el exilio, así como otros en juicio o a la espera de iniciarse, solo garantizan la persistencia en el tiempo de tensiones políticas que pueden ser solucionadas mediante una política coherente de concertación, cosa que motiva los eventuales indultos a los judicializados por el referéndum catalán.

El último gran reto, es el planteamiento de estrategias certeras para abordar el avance de la derecha populista y radical que, mediante una política de crispación social, postulados racistas y antiinmigración, al que se le suma el imaginario nacionalista español nostálgico propio del franquismo, ha ganado terreno en pleno siglo XXI.

Lo anteriormente expuesto se enmarca en una alianza estratégica entre partidos, manifestación política recurrente en sistemas con cierta tendencia hacia la democracia. Basado en un criterio de coste-beneficio, se afianza un pacto de gobernabilidad para garantizar un conjunto de parámetros de convivencia política entre el PSOE y Unidas Podemos, donde la integralidad española es el centro de la acción del Gobierno central.