Energía eléctrica: una nueva estafa para los españoles

Ante la nueva estafa de la energía eléctrica y sus precios abusivos, el diario El País proponía una medida de ahorro que era planchar de madrugada, para conseguir un ahorro de unos 38 euros/año.

Esta peregrina idea provocó toda una serie de “memes” y comentarios jocosos en las redes sociales. Sin embargo, la realidad es que se trata de un nuevo blanqueamiento de los precios abusivos que pagamos la sociedad española por la energía eléctrica. ¿Quién ha propuesto esta tontería de titular? Pues alguien que, probablemente, ni plancha ni madruga para ir a trabajar.

Pero también malintencionado, porque se le quedó en el tintero otras formas de ahorrar en el precio de la energía: por ejemplo, nacionalizar el sector y que funcione, realmente en beneficio del conjunto de la sociedad. Además, sería conveniente acabar con otra de las lacras que afectan a “nuestro” sistema capitalista: las puertas giratorias.

Hace ya mucho tiempo que, desde estas páginas, hemos comentado la necesidad de acabar con ese vicio de nuestra democracia, y que permite que los ministros del sector única y exclusivamente legislen en beneficio de sus próximas “jubilaciones” y no de la ciudanía.

Por tanto, se convierte en un juego WIN-WIN-LOST. Ganan las empresas, que ven sus intereses bien representados por los políticos. Ganan los políticos, que ven sus jubilaciones doradas en los consejos de administración bien arregladas. Y pierde el conjunto de la ciudadanía, que se encuentra en medio de ese sistema perverso, y que no puede librarse de ningún modo.

No hace tanto, en enero de este mismo año, ya hablábamos del abusivo precio de la electricidad que pagábamos en esos momentos de consumo máximo, debido a los rigores del invierno. Ya aquellos días hablábamos de la perversión del sistema del mercado de subastas, de las escandalosas puertas giratorias, por ejemplo, de expresidentes del gobierno como Felipe González o José María Aznar, o de numerosos ministros.

Y parece que ahora, en plena oleada de calor, la pretendida reforma del sistema nos trae una nueva estafa, un nuevo sistema de tarificación que implica que las nuevas tarifas supongan un incremento aproximado del 21% en los precios que pagaremos en las facturas.

Eso teniendo en cuenta que en mayo de este año el precio que pagábamos ya era un 45% más alto que en mayo de 2020.

El gobierno de coalición progresista no ha conseguido imponerse a los monopolios energéticos, controlados por una serie de familias-políticos que han impuesto sus propios intereses a los del conjunto de la sociedad, única y exclusivamente en su propio beneficio.

¿Y cómo lo han hecho? Sencillamente, decidiendo qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce y cómo se produce la energía que nos proporcionan. Evidentemente, no han buscado el sistema que más beneficie a la sociedad, sino a sus propios intereses.

La desvergüenza de este sistema y de estas empresas la hemos visto repetidamente: las energéticas han sido sancionadas en diferentes ocasiones por el gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque solo supone una mínima parte de los inmensos beneficios que se embolsan.

En 2020 Endesa ganó casi 1.400 millones de euros; Iberdrola, más de 3.600 (un beneficio récord), etc. Por eso no quieren cambios, porque es un sistema que les ofrece unos beneficios brutales. Y por eso, algunas de las propuestas de Unidas Podemos (por ejemplo, crear una energética nacionalizada) ofenden sobremanera al sector.

El sistema de adjudicación de precios del mix eléctrico es un sistema pervertido, porque cobra el conjunto de la producción (provenga de donde provenga) según el componente más caro del mismo, aunque tenga una importancia meramente residual de ese conjunto.

Es evidente que es necesaria una profunda reforma del sistema en tres aspectos básicos. En primer lugar, es necesaria la reforma del sistema de generación y comercialización de la energía, buscando una forma más sostenible, económica y accesible.

En segundo lugar, eliminar de una vez por todas las puertas giratorias, que tanto afectan a la ciudadanía. Y, en tercero, buscar un sistema que ayude, realmente, a frenar el cambio climático, y no hacerse “los verdes” únicamente en la publicidad engañosa.

Las posibles soluciones a este problema pasan por propuestas muy básicas y claras. Un mayor control real sobre las actividades de las empresas que controlan el monopolio energético.

Pero no puede ser un control ejercido por instituciones mediatizadas por las propias empresas: en los estatutos de la CNMC se establece que el gobierno no puede interferir en las funciones del regulador, apelando a la independencia funcional y relación con las entidades públicas y privadas.

También es necesario aplicar un tipo de IVA superreducido del 4%, como el de otros productos básicos o, como mucho, un nivel intermedio (10%). O influir en los peajes que establece el gobierno, que determina la presión fiscal que soportan los consumidores finales; esta medida se ha tomado, muy tímidamente, en la última reforma que estamos sufriendo.

Es esencial la reforma del sistema de fijación de tarifas mayoristas del mercado eléctrico, porque está basado en una subasta que fomenta, de forma descarada, la especulación.

Pero la medida clave sería poner en marcha la transición ecológica del sistema energético, con la eliminación de la preeminencia de los combustibles fósiles y un apoyo real por las energías renovables. La apuesta decidida por esas renovables permitiría bajar el precio de la luz, pero también las emisiones contaminantes.

En definitiva, es imprescindible que la sociedad pueda recuperar el control real de recursos tan básicos como la energía eléctrica. Es necesario acabar con el modelo de negocio de ese monopolio de las grandes familias económicas, que controlan el sistema capitalista español. Es decir, nacionalizar el sector y recuperarlo para el bien común.

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