Reforma Laboral: la negativa de la CEOE contra la protección social

La vicepresidenta tercera del Gobierno y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien también direcciona Unidas Podemos, impulsa enérgicamente una reforma laboral, la cual espera ser aprobada antes de finales de año.

En una muestra de oposición y de alineación neoliberal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha tildado la reforma impulsada por el ejecutivo para el año 2021 de “Marxista”.

Según el sector empresarial, la propuesta de Díaz, la cual trata de derogar los aspectos más lesivos de la ley promovida por el Partido Popular en 2012, tiene “una profunda raigambre ideológica”. Por tal motivo, la CEOE ha presentado una contraoferta cuyos detalles todavía no han trascendido.

El gobierno central, en el marco de la política de concertación entre el PESOE y UP ejecuta lo acordado en el documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas. Se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral.

Asimismo, el referido programa propone una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los poseedores de grandes fortunas, así como a las empresas que posean grandes capitales. De igual forma, neutraliza la llamada ley seguridad ciudadana y propone una fuerte subida del salario mínimo, todo ello con un acentuado discurso social.

La coalición ha fijado su mirada en la necesidad de transformar el actual sistema de relaciones laborales en España, emprendiendo una serie de reformas conducentes a la protección de la clase trabajadora frente al patronato con tendencia neoliberal.

Para ello, se propone la derogación de la reforma laboral del año 2012 presentado durante la gestión de gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy. Dicho instrumento legal, presenta una serie de nociones que favorecen a las empresas en detrimento de los derechos laborales de la ciudadanía.

Entre las diferentes medidas establecidas por medio del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero de 2012, figuran la reducción de la indemnización por despido improcedente de 45 días por año de servicio con un límite máximo de 42 mensualidades, a 33 días por año de servicio y un límite de 24 mensualidades.

Dicho parámetro legal, pretendía favorecer a las empresas aliviando su carga económica, pero ello supuso despidos que se declarasen improcedentes, incentivando así la contratación indefinida de los trabajadores.

En este sentido, se observa que las medidas son perjudiciales. En los términos jurídicos anteriormente referidos, los trabajadores pueden ser despedidos de forma improcedente, reduciendo sensiblemente su indemnización.

Otro parámetro de la ley del 2012 fomenta la contratación indefinida a costa de una menor indemnización de los trabajadores. Así, se estableció que la disminución sostenida de ingresos durante tres trimestres consecutivos sería motivo suficiente para recurrir al despido objetivo por causas económicas del trabajador.

Antes de esta reforma, solo se permitía realizarlo en caso de pérdidas, y no solo por descenso de beneficios. De igual forma, suprime la necesidad de autorización administrativa previa para que las empresas puedan realizar despidos colectivos.

En este sentido, el Banco de España ha observado con beneplácito la reforma del 2012, pidiendo que no se derogue en varias ocasiones cuando el legislativo español ha procurado algún cambio en su contenido.

De esta manera, la reforma conservadora ha dejado en España un mercado laboral que aún sigue padeciendo una enorme temporalidad y rotación del empleo. Dicho contexto afecta enormemente la productividad y promueve la desigualdad de los ingresos laborales.

Asimismo, entre las medidas del 2012 figura la imposibilidad de poder encadenar contratos temporales durante más de 24 meses, y las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social para las empresas o autónomos con menos de 50 trabajadores que contratarán trabajadores indefinidos, aumentando el periodo de prueba hasta el año.

La referida reforma, además de reducir costes sociales a las empresas, permitió que estas pudieran prescindir de los trabajadores contratados bajo esta modalidad hasta el primer año de contrato sin tener que pagar ningún tipo de indemnización.

Al respecto, los sindicatos han criticado duramente el marco jurídico laboral del 2012, argumentando que la misma no sirvió para crear nuevas fuentes de empleo. Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) considera que legislación laboral vigente promovió la destrucción del empleo al abaratar los despidos, favoreciendo la deshumanización empresarial frente a la flexibilidad negociada.

Ahora, el Gobierno de coalición PSOE-UP se plantea derogar la Reforma Laboral del 2012, o en su defecto, cambiar algunas partes de la misma. Todo ello, como lo había sido anunciando por la vicepresidenta tercera del Gobierno y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Se trata de una medida de reforma que venía recogida en el programa de Unidas podemos. En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que la reforma laboral se derogará en dos fases. Asimismo, no descartó elevar el coste del despido.

En la primera fase se abordarían a los asuntos considerados de urgencia, entre los cuales se encuentran: la derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la derogación de que sea prioridad la aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

En una segunda fase, se buscará proponer un marco legislativo distinto y que armonice con los intereses de la clase trabajadora. En este respecto, se tratará materia jurídica respecto a la contratación, las modificaciones sustanciales, o la causalidad, entre otros instrumentos legales fundamentales para consolidar la deseada Reforma Laboral.

En este sentido, la confrontación abierta entre la ministra del trabajo y el CEOE, obedece a una constante lucha de intereses que se extrapola en el espectro político español, donde la derecha se reúsa a darle cabida a cualquier medida que sea consecuente con la protección jurídica y social de la clase obrera española.

A nivel parlamentario, los partidos conservadores han asumido la abierta defensa de los intereses de las grandes empresas, cuyo capital en buena parte fue fundado mediante practicas clientelares con el régimen franquista, y en los casos mas extremos, haciendo uso de mano de obra esclava.

De este modo, mientras avanzan las deliberaciones para materializar la reforma del trabajo impulsada por Yolanda Díaz, la derecha hará un uso sistematizado de su característica política de crispación para crear matrices de opinión adversas al progresismo laboral. Todo ello ante la ausencia de una genuina propuesta política conservadora.