Las medidas económicas urgentes del Gobierno de coalición

El Gobierno de coalición busca transformar el actual sistema de relaciones laborales en España para reivindicar los derechos de los trabajadores.

En España, las medidas más importantes que deben ser impulsadas por el actual gobierno de coalición PESOE-UP son: la derogación de la Reforma Laboral, la subida del Salario Mínimo Interpersonal, y la dignificación de las pensiones públicas en el marco de la aprobación de una nueva Ley del trabajo.

Por primera vez en la historia política de España, sobre todo aquella que ha sido condicionada por el Régimen del 78, un gobierno progresista de coalición contempla, además, un acuerdo político para la formación de una agenda ejecutiva común para los españoles.

El referido pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos, tiene una gran trascendencia. No solo por dar paso al primer gobierno de coalición que se ha formado en España desde la transición democrática. Es también el primer gran pacto de un gobierno progresista desde la llamada Transición, y se basa en un programa con un fuerte contenido social.

Las organizaciones políticas pactantes suscribieron un documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas. Se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral.

Asimismo, el referido programa propone una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los poseedores de grandes fortunas, así como a las empresas que posean grandes capitales. De igual forma, neutraliza la llamada ley seguridad ciudadana y propone una fuerte subida del salario mínimo, todo ello con un acentuado discurso social.

En la actualidad, la vicepresidenta tercera del Gobierno y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien también direcciona Unidas Podemos, impulsa enérgicamente una reforma laboral, la cual espera ser aprobada antes de finales de año.

La coalición ha fijado su mirada en la necesidad de transformar el actual sistema de relaciones laborales en España, emprendiendo una serie de reformas conducentes a la protección de la clase trabajadora frente al patronato con tendencia neoliberal.

Para ello, se propone la derogación de la reforma laboral del año 2012 presentado durante la gestión de gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy. El vigente instrumento legal, presenta una serie de nociones que favorecen a las empresas en detrimento de los derechos laborales de la ciudadanía.

Ahora, el Gobierno de coalición PSOE-UP se plantea derogar la Reforma Laboral del 2012, o en su defecto, cambiar sus aspectos más nocivos. Se trata de una medida de reforma que venía recogida en el programa de Unidas Podemos.

En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que la reforma laboral se derogará en dos fases. Asimismo, no descartó elevar el coste del despido en la nueva legislación.

En la primera fase se abordarían a los asuntos considerados de urgencia, entre los cuales se encuentran:

  • la derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
  • la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo.
  • y la derogación de que sea prioridad la aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

En una segunda fase, se buscará proponer un marco legislativo distinto y que armonice con los intereses de la clase trabajadora. En este respecto, se tratará materia jurídica respecto a la contratación, las modificaciones sustanciales, o la causalidad, entre otros instrumentos legales fundamentales para consolidar la deseada Reforma Laboral.

El neoliberalismo globalizado, así como el COVID-19 han demostrado ser un marcador de desigualdades sociales, a tal punto que en el año 2020 las fortunas de las personas más ricas del mundo se incrementaron. Dicha tendencia está reviviendo los llamados a gravar las nuevas y crecientes riqueza.

Bajo un escenario de reordenamiento del panorama de los grandes sueldos de empresas privadas, podrían generarse escenarios polémicos por parte del sector empresarial. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en varias entidades bancarias españolas, han reabierto el debate de limitar los sueldos de los banqueros.

Los directivos de la banca española justifican los despidos con la búsqueda de una eficiencia mayor, aunque varios miembros del Gobierno no comparten este planteamiento teniendo en cuenta las altas remuneraciones de los directivos de bancos.

Desde el mismo gobierno central se han sumado voces en respuesta al incremento exponencial de las grandes fortunas, y la falta de tributación del empresariado español hacia la sociedad. En este sentido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha manifestado su preocupación sobre los sueldos de los altos ejecutivos del sector bancario.

La vicepresidenta considera que “los salarios y bonus de los ejecutivos bancarios deben estar alineados con la evolución del sector y la economía en su conjunto“. Calviño aseguró que desde hace años el Gobierno trabaja activamente en alternativas para evitar los despidos.

Asimismo, calificó de inaceptable los elevados sueldos que cobran los directivos de banca, que en su opinión “no se corresponden en absoluto” con la situación económica del país, especialmente en entidades que están anunciando grandes recortes de personal y cierre de oficinas.

La migración, los derechos laborales, el medio ambiente, la fiscalidad o la cuestión catalana pueden llevar a más de un conflicto interno. Más complicado aún será el desenvolvimiento del gobierno, con un programa de expansión del gasto en un contexto global de pandemia y recesión económica.

El gobierno de coalición PSOE-UP ha llevado a cabo una reestructuración profunda del gobierno, tras el anuncio de un nuevo gabinete ejecutivo que solo afecta a los cargos ministeriales del que ostenta el PSOE. Por su parte, los cargos adjudicados a miembros de Unidas Podemos quedan ratificados en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, las medidas más importantes a ser impulsadas por el gobierno de coalición son: la derogación de la Reforma Laboral, la subida del Salario Mínimo Interpersonal y la aprobación de una nueva Ley del trabajo.

En este respecto, en función de la eventual derogación de la Reforma Laboral, es fundamental acabar con toda la arquitectura jurídica que diseñó el Partido Popular para desregular el mercado laboral español, y en la cual se sustenta en gran medida la precariedad laboral que azotan a los sectores laborales más vulnerables como los jóvenes, las mujeres, o sectores de difícil empleabilidad.

La coalición ha fijado su mirada en la necesidad de transformar el actual sistema de relaciones laborales en España, emprendiendo una serie de reformas conducentes a la protección de la clase trabajadora frente al patronato con tendencia neoliberal.

Ahora, el Gobierno de coalición PSOE-UP se plantea derogar la Reforma Laboral del 2012, o en su defecto, cambiar algunas partes de la misma. Todo ello, como lo había sido anunciando por la vicepresidenta tercera del gobierno y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Se considera imprescindible mejorar las condiciones materiales de los y las trabajadoras más precarias. Esto genera la necesidad de crear una legislación que posibilite una óptima distribución de la riqueza en un país con una profunda brecha social entre ejecutivos y trabajadores.