Brasil, Colombia y Honduras: el maltrato a sus poblaciones indígenas

Hablar de los derechos indígenas en América Latina lleva a destacar algunos documentos internacionales establecidos como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de las Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de septiembre de 2007, y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales que adoptó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989.

Si bien estos instrumentos legales constituyen un avance en los conceptos, ya que establecen un marco de derechos y protección para los pueblos indígenas, en la práctica, solo han sido cumplidos por algunos gobiernos latinoamericanos.

En otros casos ha sido insuficiente, debido a la falta de voluntad política de algunos otros gobernantes que han tomado decisiones que mas bien atentan contra la vida de sus ancestros indígenas favoreciendo los intereses económicos del capital.

En América Latina aún existen duras realidades, “los casos de trabajo esclavo de nativos, intercambio de niños o niñas indígenas por algunas cabezas de ganado, asesinatos de líderes o activistas, expulsiones sumarias de sus tierras por gangsters armados al servicio de empresas multinacionales, compras y ventas simuladas de tierras indígenas con títulos falsos y exigencias incomprensibles de parte de gobiernos para que demuestren que son pobladores antiguos de las regiones donde viven. Nutridos grupos de nativos pasean su miseria por las calles de las ciudades, sin lograr llamar la atención del establishment”, tal como refiere Víctor Báez Mosqueira en su artículo “Desidia global con los pueblos indígenas”.

El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya en 1998 cuando era diputado expresó “La caballería brasileña fue muy incompetente. Competente, sí, fue la caballería norteamericana que diezmó a sus indios y hoy no tiene ese problema en su país”. Así, el mandatario brasileño se enorgullece de las campañas de exterminio de indígenas en su país y Estados Unidos (EEUU).

Hoy Brasil presenta una realidad compleja, un 13% del país está demarcado como tierras indígenas quedando pendientes unos 800 lotes (a la espera de que concluya el proceso de demarcación). No obstante, en muchas comunidades indígenas ni siquiera se inició el proceso.

Mientras los indígenas esperan la resolución de un histórico juicio, que tendrá efecto vinculante, y que definirá el destino de 300 tierras ancestrales que están en proceso de demarcación, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil debate la validez del “marco temporal”, que reconocería únicamente como territorios nativos los ocupados por los pueblos originarios cuando fue promulgada la Constitución federal del 5 de octubre de 1988.

Este “marco temporal” es rechazado por los indígenas ya que alegan que fueron expulsados por la fuerza de sus territorios antes de esa fecha, durante la dictadura militar (1964-1985). Es importante destacar que se trata de la lucha de unos 900.000 indígenas, un 0,5 % de la población.

Lo indígenas brasileños son vulnerables ante las políticas del presidente Jair Bolsonaro, quien firmó un decreto de amnistía a finales de diciembre del 2019 para las adquisiciones irregulares de tierra.

La norma 910 permite la privatización de tierras públicas invadidas ilegalmente hasta final del 2018, sobre todo áreas sin uso. Igualmente en reservas naturales que pueden ser anuladas. Levantó el banderín de la carrera para la mafia y el capital financiero internacional. Rosa María Fernández.

En Colombia, la Organización Nacional Indígena (ONIC) señaló que al menos 43 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2021. Este dato reafirma un aumento de asesinatos, amenazas y confinamientos en los propios territorios de los pueblos ancestrales colombianos

La crisis humanitaria que atraviesan los pueblos ancestrales del país suramericano, lleva a registrar en cada mes entre cuatro y cinco líderes indígenas asesinados, lo que se traduce en un genocidio. Se habla de 70 pueblos que se encuentran en vía de extinción física y cultural de los 115 existentes en nuestro país, según datos de la ONIC.

Como muestra de ese etnocidio físico y cultural en contra de los pueblos indígenas, las instancias de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, recibieron un informe que detalla más de 3.000 homicidios en el marco del conflicto armado. Igualmente, se ha reconocido la intensificación de la violencia contra indígenas: 213 personas asesinadas desde la firma del acuerdo de paz, en el año 2016.

Honduras tampoco escapa de esta realidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) en su documento “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, evidencia cómo ha sido la violencia y criminalización mediante el asesinato de líderes indígenas hondureños que defienden sus territorios.

Desde hace ya varias décadas, líderes del pueblo de Topupán padecen persecución política y judicial, “desde 2010 el tipo penal al que se ha recurrido para estos efectos es el delito de obstaculización de ejecución de plan de manejo forestal, tipificado en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (decreto núm. 98-2007).

El caso más reciente —todavía en curso— es el que enfrentan Wendy Pineda, Alison Pineda, Ángela Murillo, Ramón Matute, José María Pineda, Sergio Ávila, Óscar Vieda, Celso Cabrera y Amado Cabrera (todos ellos del pueblo tolupán de San Francisco de Yoro), por su oposición al plan que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) aprobó al empresario Wilder Domínguez. Con este caso, ya son tres los juicios que enfrentan líderes de este pueblo por el mismo delito”. CEPAL y FILAC, 2020.

En Honduras, está prohibido olvidar el asesinato de Berta Cáceres, perpetrado por tres sicarios el 2 de marzo de 2016, en represalia por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa nacional Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Aunque el caso de Berta Cáceres, fue uno de los mas visibles en los últimos años, llamando la atención de diversos organismos de Derechos Humanos, es importante expresar que en el mismo país, otros 16 líderes también corrieron su misma suerte entre los años 2015- 2019 aún cuando algunos de esos líderes indígenas tenían medidas cautelares de la CIDH.

Salomón Matute, líder del pueblo tolupán en Honduras y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fue asesinado el 27 de febrero de 2019 junto a su hijo Juan Matute, y era beneficiario de la medida cautelar número 416-13 otorgada por la CIDH en diciembre de 2013.

Así transcurre la realidad de los indígenas en tres países latinoamericanos con presidentes que gobiernan para los intereses de países “desarrollados”. El fin, comercializar las tierras ancestrales con su respectiva destrucción ambiental, con el precio adicional de no mencionar las persecuciones, asesinatos y expulsiones de personas indígenas de sus reservas o territorios.