Ley mordaza: el legado franquista que une a PP y VOX

El gobierno de coalición por medio del grupo parlamentario de Unidas podemos (UP) ha remitido este lunes un escrito a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, el cual está formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. En el referido texto, la tolda morada alerta que factores conservadores intentan confundir a la opinión pública.

En este sentido Unidas Podemos, denuncia la oposición de partidos de la derecha y de asociaciones policiales a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como la “ley mordaza”. Desde la formación han alertado que diversos colectivos de la policía tratan de confundir a la opinión pública de “una forma demagógica”.

Al respecto, el fascismo español ha intentado movilizar, mediante una clara agenda de crispación social, a los agentes afiliados a las asociaciones policiales más dura, las cuales se manifestaron el pasado sábado 27 de noviembre.

Todo ello, con el apoyo de JUPOL y JUCIL, organizaciones creadas por JUSAPOL para agitar las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). En esta ocasión, el motivo será la propuesta del Gobierno que busca derogar los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”.

De esta forma, la derecha más radical procura devolver la tensión a las calles de la mano de los policías y guardias civiles que rechazan cualquier cambio en la ley que aprobó el Gobierno del PP en 2015 y que permitió endurecer la represión de la protesta social.

En este respecto, la coalición del Gobierno, con el apoyo de varios grupos políticos progresistas, se propone eliminar varios aspectos de la referida norma, cosa que es rechazada por los miembros de los organismos de seguridad.

Dentro de los cuarteles policiales, son ampliamente conocidos los apoyos de la derecha a estas asociaciones. En este sentido, cabe destacar que JUPOL nace con el apoyo de Ciudadanos. Posteriormente, con la debacle política de ese partido, su tendencia ha sido una deriva clara hacia VOX.

De esta forma, el matonismo y la agenda de crispación son formas de hacer política desfasada y sin ninguna correspondencia con la sociedad española del siglo XXI. Sin embargo, la ultraderecha mediante anacronismos políticos intenta ganar espacio en una España donde aún existen dolientes del Régimen franquista en los estamentos más conservadores.

Todo ello en el marco de su praxis política la cual se circunscribe a un posicionamiento político-ideológico muy concreto, basado en la generación de discursos hostiles que denotan un intento de hacer rutinario el odio. Todo ello se materializa ante la ausencia de una agenda política genuina que pueda movilizar voluntades por medio de la razón en vez de la emocionalidad y el rencor.

Con el fin de ampliar su base electoral, el conservadurismo español plantea polemizar cada aspecto de la vida social, trayendo la conflictividad como contexto natural para el sustento de sus discursos basados en xenofobia, homofobia, nacionalismo, fanatismo religioso y la promoción de fórmulas neoliberales.

Sin embargo, el encendido discurso de la derecha no ha sido suficiente para convencer a la totalidad de los policías bajo un mismo discurso. Algunas asociaciones pertenecientes al FSE, entre las que se encuentran principalmente el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) llevaron a cabo el pasado miércoles su propia movilización.

En este sentido, y según ha dado a conocer dicho medio, en el documento de 16 páginas que firman el portavoz Pablo Echenique y el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, se reclama a este órgano comunitario que se posicione frente a este rechazo frontal.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista Español (PCE), ha explicado en declaraciones que se “crea un precedente peligroso”, puesto que a su juicio los sindicatos policiales estarían “haciendo política”. “Este país no puede normalizar que los sindicatos de las policías condicionen al Gobierno cuando tienen un papel en el que se les exige neutralidad”, ha afirmado Enrique Santiago.

La llamada “ley mordaza” fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, con las críticas de la oposición que llevaron la medida al Tribunal Constitucional. El pasado mes de noviembre de 2020, este se pronunció y la avaló en su mayoría, salvo en el punto de las grabaciones “no autorizadas” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.