Yolanda Díaz desafía la hegemonía económica del IBEX35
Con el actual esquema capitalista promovido por el IBEX35, España es el país de Europa con la mayor brecha salarial entre los altos directivos y los trabajadores de las mismas empresas.
Yolanda Díaz, Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, el pasado martes en el hemiciclo del senado, ha calificado a las retribuciones de los altos directivos del IBEX-35 como “obscenas” y ha discrepado ante las profundas desigualdades salariales entre estos ejecutivos y los trabajadores.
La vicepresidenta denuncia que la retribución de los ejecutivos de estas empresas es 118 veces superior a la de sus trabajadores. Al respecto, Díaz sostiene que “ha dicho en alguna ocasión que las retribuciones de los altos directivos del IBEX-35 son obscenas y sí, lo son”, ha rebatido la Viceministra como respuesta a Koldo Martínez Urionabarrenetxea, senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.
Cabe destacar que dentro del mundo bursátil español el IBEX-35 es referencia para las operaciones de bolsa dentro del país ibérico. Se origina tras las alianzas estratégicas de un selecto grupo de empresas, las cuales, son las de mayor preponderancia dentro de la economía española.
Sin embargo, sus orígenes se remontan desde los mismos cimientos del franquismo, siendo este último el encargado de fulminar las empresas de la República para recomponer en favor de la oligarquía desplazada por la mayoría social el sistema económico capitalista, creando las condiciones para la creación del IBEX-35.
Dicho índice fue instituido a partir de la empresa Bolsas y Mercados Españoles (BME), con el fin de hacer seguimiento a la rentabilidad de las acciones pertenecientes a las empresas españolas, la cuales, muchas de ellas suscribieron negocios con el Régimen de Franco y que nunca se adhirieron a la transición de finales de los años setenta.
Bajo el actual esquema capitalista promovido por el IBEX-35, España es el país de Europa con la mayor brecha salarial entre los altos directivos y los trabajadores de las mismas empresas. En este sentido, Díaz expone algunos puntos a considerar.
Por ejemplo, la vicepresidenta ha señalado que la diferencia entre los directivos y los salarios medios de España es de 300 veces. Al respecto, la ministra de Trabajo ha asegurado que el Gobierno, en especial su representación en Unidad Podemos, está adoptando las medidas más oportunas para cerrar brechas.
Entre las formulas macroeconómicas utilizadas por el Gobierno de coalición figuran la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la cual ha servido para aumentar la participación de las rentas salariales en la renta nacional, según Díaz. Cabe destacar, que el nuevo SMI ha servido para reducir la denominada “brecha de género” en 2,5 puntos.
Debido a esto, Yolanda Díaz ha ratificado que el Gobierno extenderá esta política de rentas “diferentes”. Bajo estos escenarios proyectados por la titular del ministerio del trabajo, el próximo lunes convocará la Mesa del Diálogo Social para seguir remontando el SMI.
Dicho diálogo se realizará con los agentes sociales para negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). En este sentido, la titular de trabajo ha asegurado que van a cumplir con “el compromiso de Gobierno“.
El objetivo de cara a la negociación pasa por seguir el informe del comité de expertos, que recomendó una subida del SMI para 2022 de entre 24 y 40 euros. Al respecto, en el informe de la comisión asesora para el análisis del SMI del pasado mes de junio se contemplan tres escenarios que elevarían el SMI en 2022 a 989 euros mensuales (24 euros más), a 996 euros (31 euros más) o a 1.005 euros (40 euros más).
En septiembre pasado, en el acuerdo alcanzado solo con los sindicatos, se pactó la subida intermedia que los expertos habían recomendado para 2021 que eran 15 euros, lo que elevó el SMI a los actuales 965 euros brutos en 14 pagas.
Desde el inicio de la legislatura, en el Ejecutivo de coalición han tenido lugar mil y un batallas que, casi siempre, han tenido que ver con compromisos firmados en el acuerdo entre los socialistas y Unidas Podemos (UP): las subidas del salario mínimo, la ley de Vivienda y la regulación de los alquileres, el Ingreso Mínimo Vital, entre otras medidas.
Se tratan de luchas encaradas contra los poderes económicos de un país con profundas contradicciones sistémicas, donde una izquierda unificada en las esferas del gobierno busca contrarrestar con políticas provistas de un fuerte compromiso social, los embates de instancias como el IBEX-35.
La creación del IBEX-35 por parte de los herederos del franquismo constituyó un episodio fundamental en la historia económica de España. Tal creación tiene como antecedente un contexto de cercenamiento de la actividad empresarial republicana, bien sea por nacionalización o por presión sostenida, favoreciendo a las grandes empresas españolas de propiedad privada.
De esta manera, el dictador dejó claro que la Guerra Civil tenía como objetivo preservar el patrimonio de las clases privilegiadas económicamente y asegurar un ecosistema favorable para que las riquezas estuvieran a salvo y poder incrementarlas. Pero no todas las fortunas, sino las de aquellos que ayudaron a financiar el alzamiento.
Todo ello sentó las bases para el desarrollo de un capitalismo español, ahora defendido por las posturas neoliberales de organizaciones políticas de derecha y aquellas creadas a la medida del Régimen del 78. Tal ejercicio se encarna en el PP y PSOE, quienes han armonizado con posturas fundamentalmente capitalista en el escenario económico.
Todo ello representa para España y para toda su integralidad, económica, social y plurinacional una clara distorsión en el sistema político, el cual aún adolece los desequilibrios económicos provocados por la destrucción de las empresas republicanas durante la dictadura. Se trata de una tendencia que ha venido en aumento, ni siquiera el contexto pandémico ha podido mermar su proliferación.
Todas esas corporaciones y empresas que consiguieron su posición de liderazgo por la participación en un Régimen genocida siguieron operando con normalidad en democracia sin haber afrontado un proceso de reparación moral y económica.