La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), agencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), está en pleno centro del tablero mediático por su intención de ir a Venezuela a observar el estado de los Derechos Humanos en un país que ya no es uno de sus miembros, y que además cuenta con la estancia permanente de dos representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet.

>>Las implicaciones democráticas del rechazo venezolano a la CIDH<<

En los últimos años han acontecido situaciones en América Latina que han impactado al Mundo por su importancia, golpes de estado, detención de líderes políticos, represión violenta de manifestaciones pacíficas, terrorismo de estado, tramas de corrupción, vulneración de los textos constitucionales y censura entre otras cuestiones. Para entender el contexto actual en el que Venezuela es protagonista por no autorizar la visita de la CIDH, se hace necesario saber cómo se ha comportado la agencia de la OEA frente a estos ataques a las democracias de los países que sí son sus integrantes.

Golpes de estado

Durante los últimos lustros, los golpes de estado volvieron a darse en América Latina como respuesta a los gobiernos de izquierdas que llegaron a gran parte de los países de la región. No todas las interrupciones del hilo democrático se dieron de la misma manera, ni todos triunfaron. Unos fueron más clásicos en cuanto tuvieron participación del ejército, mientras que otros usaron el Lawfare como herramienta para deponer a presidentes elegidos democráticamente.

Honduras

• Los hechos: En el año 2009, la derecha hondureña, junto con el apoyo de la administración de Barack Obama, dio un golpe de estado al presidente Manuel Zelaya. Roberto Micheletti Bain asumió el poder sin pasar por las urnas, estableciendo un regreso al neoliberalismo rechazado en las urnas, la censura y una política de represión que organizaba escuadrones de la muerte. Sus dos sucesores, Pepe Lobo y, actualmente, Juan Orlando Hernández (JOH), han alcanzado el poder mediante fraude electoral, y han mantenido, e incluso profundizado las políticas del golpista.
• La CIDH: Se plegó a la estrategia de Estados Unidos, que se centró en situar todas las críticas sobre Roberto Micheletti, para que cuando él se retirase, la Comunidad Internacional pudiera reconocer al vencedor de las elecciones organizadas por el golpismo. De esta manera el golpismo retendría el poder pero ya con una capa de credibilidad democrática. Una vez que Micheletti se retira, la CIDH ha permanecido en silencio ante las detenciones ilegales, torturas, políticas que provocan pobreza y un éxodo masivo.

Brasil

• Los hechos: Mediante la judicialización de la política (lawfare), la derecha brasileña depuso mediante cauces anticonstitucionales a la presidenta Dilma Rousseff, para volver a aplicar una política neoliberal en el país. A día de hoy la justicia de ese país ha demostrado que la presidenta no era culpable de los delitos que el congreso brasileño consideró como probados para llevar adelante un golpe de estado.
• La CIDH: Solo tuvo una queja que no fue difundida por los medios de comunicación a los que la Comisión tiene acceso para dar a conocer sus acciones, precisamente los que está usando a día de hoy para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Y aquella se produjo porque Michel Temer aumentó la jornada laboral a 12 horas con solo 30 minutos de descando y obligaba a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia a trabajar en condiciones consideradas insalubres. Sin embargo lo reconoció como máxima autoridad legal de Brasil. La agencia de la OEA no se ha pronunciado sobre la inocencia probada de Dilma Rousseff.

Bolivia

• Los hechos: Tras unas elecciones limpias, la derecha boliviana no aceptó los resultados y acusó de fraude al ejecutivo de Evo Morales, quién decidió primero hacer una auditoría total, y después una repetición electoral. La oposición rechazó ambas cuestiones y procedió a dar un golpe de estado que desató una brutal represión contra las manifestaciones masivas que reclamaban el respeto a la democracia.
• La CIDH: Reconoció el ejecutivo golpista inmediatamente, al que dio un tirón de orejas por su represión en una ocasión, cuando los asesinados se contaban por docenas, y los perseguidos por centenares, después de haber usurpado el poder emanado de las urnas.

Paraguay

• Los hechos: Se produjo una matanza en Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías. La oposición al, en ese entonces, presidente Fernando Lugo, lo culpó expresando que sus políticas “bolivarianas” habían polarizado a la población hasta el punto de que sus seguidores (los campesinos) se habían vuelto violentos. Fue la justificación para un golpe de estado llevado a cabo en el Parlamento mediante un juicio político. A día de hoy la justicia ha absuelto a los campesinos condenados por esos hechos.
• La CIDH: Mostró una efímera preocupación por la rapidez del juicio político, pero nunca se posicionó en contra del golpe, reconociendo a las autoridades surgidas del mismo.

Detención por motivos políticos

La llegada de opciones políticas conservadoras a los gobiernos de diferentes países latinoamericanos ha favorecido la detención de líderes progresistas por motivos políticos, como una manera de evitar que éstos pudieran truncar los planes de reinstauración del neoliberalismo en la región.

Brasil

• Los hechos: El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, en plena pre-campaña electoral con una intención de voto superior al 40% y a más de 20 puntos de su inmediato perseguidor, Jair Bolsonaro, fue acusado de corrupción por el juez Sergio Moro, quién lo condujo a la cárcel. Hoy, con la presidencia en manos de la derecha, Lula está libre porque se ha demostrado que el proceso fue una farsa, y Sergio Moro es el actual Ministro de Justicia de Brasil.
• La CIDH: Simplemente pidió una vez que Lula pudiera ser candidato, no insistió cuando a los brasileños se les impidió votar por su candidato favorito según todas las encuestas.

Represión

Las masivas movilizaciones que se han producido como respuesta al regreso del modelo neoliberal y a los golpes de estado en varios países del Sur del continente, han sido afrontadas mediante métodos antidemocráticos por los ejecutivos de derecha, que han llegado a asesinar a manifestantes pacíficos para tratar de desmovilizar los movimientos sociales que les hacían frente.

Chile

• Los hechos: Los chilenos, durante el pasado mes de octubre, se levantaron masivamente para protestar contra las medidas neoliberales de los últimos gobiernos, estallando por el aumento del pasaje del transporte público en la capital, Santiago de Chile. Después de haber mantenido el pulso durante los meses siguientes, el gobierno de Piñera ha llegado a reprimir con bala viva y a emplear veneno. Varios muertos y miles de heridos está siendo el resultado de la violencia perpetrada por el gobierno conservador.
• La CIDH: Hace varias semanas que no ha vuelto a referirse a la situación en Chile, pese a que la represión se recrucede pese a la reforma a los carabineros de Chile, que a día de hoy usan veneno, muy peligroso para la salud a medio y largo plazo, para reprimir. Lo último que expresó la CIDH es que el gobierno de Piñera había hecho cambios muy beneficiosos, precisamente como la reforma al cuerpo de seguridad. En todo momento usaron un lenguaje muy cuidadoso para evitar expresar que esto no era más que una crisis temporal y que solo se cometieron ciertos abusos durante las manifestaciones. De esta manera ayudaban a mantener limpia la imagen del presidente Piñera.

Bolivia

• Los hechos: Tras el golpe de estado, la dictadura que se ha instalado y ha concentrado todo el poder en Bolivia en manos de Jeanine Áñez, ha desatado una represión que se ha cobrado decenas de vidas y provocado cientos de heridos de gravedad entre los que se manifestaban en favor de la legalidad constitucional. Se ha iniciado una persecución política que ha llegado a impedir al candidato más votado no participar en las elecciones que están organizando los mismos que no asumieron su derrota democrática, además de cerrar varios medios de comunicación.
• La CIDH: Se ha unido con la dictadura de Jeanine Áñez para investigar los crímenes cometidos por su gestión.

Terrorismo de estado

En algunas naciones de Centro y Suramérica existen políticas de Estado que suponen una continua represión contra el campo progresista, esté el mismo movilizado o no. Asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales y ejecuciones por parte de la policía o paramilitares se llevan a cabo con regularidad.

Honduras

• Los hechos: La dictadura que se ha impuesto en Honduras desde el año 2009 ha sostenido desde entonces organizaciones parapoliciales y paramilitares que asesinan a dirigentes de izquierdas como Berta Cáreces, secuestran y hacen desaparecer a miembros organizados de la oposición al régimen de Juan Orlando Hérnandez (JOH), a quién no le tiembla el pulso a la hora de reprimir con fuego real a las manifestaciones pacíficas que se producen en su contra.
• La CIDH: En 2019 se limitó a constatar que en Honduras se produjo “la instalación de una Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos en Honduras (MESAT)“.

Colombia

• Los hechos: Cada semana se informa del asesinato de ciudadanos, normalmente vinculados a organizaciones políticas, sociales o sindicales de izquierda, en muchas ocasiones siendo falsos positivos. Las poblaciones de la frontera viven sumidas la desesperación a causa del narcotráfico. La vulneración de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno y las FARC está provocando el asesinato impune de guerrilleros desmovilizados.
• La CIDH: La comisión acudió a Colombia recientemente para reunirse con migrantes venezolanos.

Corrupción

Muchos gobernantes de América Latina están cercados por la corrupción, ya sea vinculada al narcotráfico o a evasión fiscal. Esto es un síntoma del fracaso de sus ejecutivos, que no han podido sostener uno de los valores principales de la democracia, por lo que las raíces de la corrupción se extienden hacia abajo, provocando una desinstitucionalización que termina anulando incluso resultados electorales legales porque a las autoridades no les gusta el resultado.

Ecuador

• Los hechos: Ante la revelación de un caso de abuso por parte de los bancos (cobros de comisiones por operaciones que no se realizaron), el periodista que lo reveló quedó sin trabajo. El presidente Lenín Moreno tiene una empresa offshore que supone una ilegalidad flagrante por incompatibilidades. El vicepresidente constitucional está en la cárcel por un montaje que reveló este mismo periódico. El gobierno destituyó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elegidos mediante voto popular porque éstos decidieron hacer una auditoría legal y constitucional al ejecutivo.
• La CIDH: No ha expresado nada sobre estas cuestiones.

Honduras

• Los hechos: La justicia norteamericana ha encontrado culpable de narcotráfico a Tony Hernández, hermano de JOH, quién además de ser sospechoso de participar en esa trama, también pagó con fondos públicos su primera campaña electoral, y llevó a cabo un fraude electoral en la segunda, reconocido incluso por expertos electorales de la OEA.
• La CIDH: Se limitó a expresar que la situación estaba polarizada, sin pedir en ningún momento la repetición electoral, existiendo muchísimas más pruebas del fraude que las que la derecha presentó en Bolivia.

Vulneración de la democracia

Anulación del resultado de elecciones, juicios con condenas basadas en códigos penales derogados, vulneración de los textos constitucionales, ataque a instituciones, censura, publicación de falsedades, injerencia en los asuntos internos de terceros países, suplantación de las autoridades electas y purga de instituciones, son algunas cuestiones a las que ha tenido que hacer frente la CIDH en los últimos tiempos.

Honduras

• Los hechos: JOH se presentó a las elecciones cuando la Constitución vigente en Honduras (aprobada en 1982) lo prohíbe expresamente, llevando a cabo un fraude electoral para ganar. Los tres poderes del Estado recaen en sus manos, ya que pese a la prohibición constitucional, la justicia le permitió participar. Los crímenes cometidos por las fuerzas públicas, responsabilidad de gobierno, no son investigados, los medios de comunicación que se le oponen siguen siendo perseguidos, y las expresiones pacíficas de oposición, duramente reprimidas. La pobreza se sitúa en un 80%, por lo que los derechos recogidos en la Carta Magna no están garantizados.
• La CIDH: No ha hecho referencia a ninguna de estas situaciones desde hace más de dos años.