Reforma laboral: la CEOE dio el sí a las “líneas generales” de Yolanda Díaz

El acuerdo entre la Vicepresidente segundo del Gobierno, Yolanda Díaz, patronal y sindicatos está a la vuelta de la esquina. Al respecto, el Comité Ejecutivo de la CEOE ha dado este jueves el visto bueno a las “líneas generales” de la reforma laboral que ha planteado el Ejecutivo en la mesa de diálogo social.

Mientras se conforma el contenido legislativo, el Comité Ejecutivo ha dado el sí a la reforma, que a estas horas se debate también en la Junta Directiva de la patronal. CCOO y UGT también han convocado para este jueves a sus órganos directivos a fin de analizar el estado de la negociación y decidir si apoyan o no la propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.

La intención del gobierno de coalición por medio de Unidas Podemos (UP) es aprobar la reforma laboral el día 28 de diciembre del presente, lo que le permitiría cumplir con el compromiso que adquirió con Bruselas de tener aprobada la reforma laboral antes del 31 de diciembre.

El texto trazado por Díaz, podría tener modificaciones de última hora, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva. Por los momentos parece que el pacto no va a aumentar la indemnización por despido improcedente.

Sin embargo, el acento está en los convenios colectivos, así como en la ultraactividad, el cual dará más potestad a los sindicatos, justo lo que buscaba Yolanda Diaz. Todo ello, devolviendo la ultraactividad a los convenios y establecer la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. En pocas palabras, las empresas no pueden descolgarse del convenio cuando su situación económica lo requiera.

Entre los principales objetivos del texto está la reducción de la elevada temporalidad en España. Así, establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: el estructural y el formativo.

La nueva legislación laboral que quiere instaurar el Gobierno fomentará el contrato fijo discontinuo para la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada. Podrán acogerse a esta modalidad los trabajos en contratas administrativas o mercantiles y se reconocerá la antigüedad de todo el periodo de la relación laboral, no solo de los periodos efectivamente trabajados.

Además, el convenio de sector recuperará su prevalencia sobre el convenio de empresa, pero a medias. Es decir, el convenio de empresa podrá regular la elección entre abono o compensación de horas extras; el horario y la distribución del tiempo de trabajo y no la jornada; la adaptación de la clasificación profesional y las medidas de conciliación familiar. Dicho de otra forma, la situación particular de cada empresa no tendrá la prioridad actual, pero no se perderá del todo con todas esas excepciones.

Es por esta razón por la que la CEOE asegura que “el acuerdo mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la Paz Social“, señalan en un comunicado.

El abal del CEOE, representa una victoria estratégica en las negociaciones de Díaz, sobre todo, considerando la muestra de oposición y de alineación neoliberal del gremio empresarial, el cual ha llegado tildar dicha reforma impulsada por el ejecutivo para el año 2021 de “Marxista”.

Según el sector empresarial a mediados de año, la propuesta de Díaz, la cual trata de derogar los aspectos más lesivos de la ley promovida por el Partido Popular en 2012, tiene “una profunda raigambre ideológica”. Por tal motivo, la CEOE ha presentado una contraoferta cuyos detalles no llegaron a trascender.

La coalición ha fijado su mirada en la necesidad de transformar el actual sistema de relaciones laborales en España, emprendiendo una serie de reformas conducentes a la protección de la clase trabajadora frente al patronato con tendencia neoliberal.

Para ello, se propone la derogación de la reforma laboral del año 2012 presentado durante la gestión de gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy. Dicho instrumento legal, presenta una serie de nociones que favorecen a las empresas en detrimento de los derechos laborales de la ciudadanía.