La responsabilidad de Colombia en la crisis de la frontera venezolana
Venezuela sufre una crisis en muchos de sus estados fronterizos con Colombia, a causa de que los grupos paramilitares colombianos no son controlados por su Estado.
La frontera entre Colombia y Venezuela es una zona de 2.219 kilómetros, cuya extensión y complejidad social ha ofrecido condiciones para el traslado del conflicto colombiano hacia el territorio venezolano, con la incursión de grupos paramilitares y otras fuerzas irregulares.
El primero de abril, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a las Fuerzas Armadas de ese país la aplicación de una política de “cero tolerancia” con estos grupos irregulares que pretenden desestabilizar la frontera colombo-venezolana, específicamente en la zona de Apure ubicada en los llanos venezolanos.
Estos grupos denominados “Griacolt”, han ocasionado pérdidas materiales y altos índices de inseguridad personal en los asentamientos ubicados en la frontera del estado Apure.
De los enfrentamientos que se han producido dejan un saldo hasta el momento de 38 oficiales heridos y 8 fallecidos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y se han destruido 6 campamentos en los cuales se ubicaron armamento, drogas y artefactos explosivos.
Influencia norteamericana
En diversas ocasiones, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha advertido la participación de Colombia en las acciones injerencistas que planifica EEUU contra Venezuela, entre las cuales se encuentran acciones terroristas contra la población y contra la propia figura del presidente de ese país.
En tal sentido, Yldefonso Finol, expresidente de la Comisión Nacional para Refugiados de la ONU (ACNUR), aclara que Colombia ha sido “portaaviones de la guerra imperialista contra Venezuela en sus diferentes modalidades: la destrucción del Bolívar como signo monetario con el cambismo triangulado desde Miami, hasta la preparación y ejecución de incursiones armadas con grupos mercenarios”.
En un comunicado oficial, el ministerio de la Defensa de Venezuela refirió al consentimiento del gobierno colombiano a la ocupación del territorio venezolano de estos grupos irregulares (Griacolt) dedicados al narcotráfico y otras actividades ilegales, como asesinatos y daños a propiedades agropecuarias.
“Estado forajido”
La detención de dos periodistas de la cadena NTN24 de Colombia que se encontraban en La Victoria, lugar de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y los grupos armados colombianos, desencadenó una ofensiva mediática dirigida a imputar la violación de derechos humanos al gobierno de Nicolás Maduro.
Esta detención efectivamente se produjo y cesó al cabo de unas horas, el Ministerio de la Defensa la confirmó públicamente, e informó el lugar al cual fueron trasladados, al mismo tiempo denunció que estos periodistas y miembros de ONG’S tenían como objetivo tergiversar lo que sucedió en La Victoria.
En efecto, tanto NTN24 como Fundaredes afirmaron que se trataba de enfrentamientos del ejército venezolano con las FARC, y que estaban desplazándose cinco mil habitantes de esa localidad hacia Colombia.
El Ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, mostró las cifras del Instituto Nacional de Estadística en las cuales consta que la población de La Victoria no llega a la cifra de cinco mil informada por los medios, y aseguró que quienes se habían desplazado comenzaban a regresar después que el Estado venezolano retomase el control de ese territorio.
Por otra parte, el Alcalde del municipio Páez informó que las autoridades colombianas estaban obstaculizando el retorno de los venezolanos que se desplazaron producto de los enfrentamientos, y que los mantienen retenidos en albergues en territorio colombiano.
Santanderismo
El Santanderismo es un apéndice de la Doctrina Monroe, que postula desde el siglo XIX con la caída de la Gran Colombia, que habla de una América para los americanos, reduciendo esta categoría a los habitantes de EEUU.
Yldefonso Finol afirma que Francisco de Paula Santander, quien preside Colombia en 1824 se plegó a esa Doctrina Monroe, pronunciandose a favor unos meses después de la primera proclama del Congreso de Estados Unidos, diciendo que esa doctrina “era un alivio para la humanidad y que Colombia ganaba mucho acercándose a un socio tan poderoso”.
Hasta la fecha, los seguidores de Santander en Colombia mantienen esta postura, y ello se traduce en la sumisión de Colombia a los intereses de los EEUU, y en la persecución de trabajadores, y líderes populares de Colombia que acusan inconformidad con esta alianza que tiene repercusiones graves en la economía y la sociedad de ese país.
“El Santanderismo se propuso convertir a Colombia en un país totalmente servil a los intereses de los EEUU, arrodillados al punto de que les quitaron Panamá, y por otra parte el santanderismo necesita la imposición de un terrorismo de Estado contra las luchas populares”, afirma Finol.
Un ejemplo de ello, consiste en la instalación de 7 bases militares estadounidenses en Colombia y en el asesinato de más de 700 líderes sociales entre los años 2016 y 2020.