Ecuador suspende en Derechos Humanos: crisis carcelarias y presos políticos
La crisis carcelaria, el caso de Jorge Glas y la deuda con los trabajadores de Furukawa son asuntos pendientes de DDHH en Ecuador.
Los Derechos Humanos (DDHH) en el Ecuador están bajo amenaza. Los conflictos en las cárceles se recrudecen, dejando como saldo al menos dos agresiones graves contra mujeres y amenazas a la vida de los privados de libertad.
Por otra parte, otros casos de violación a los DDHH como el de los trabajadores de la empresa Furukawa, donde se llevaron a sus trabajadores a condiciones de esclavitud. La deuda que tampoco se salda es la que mantiene el gobierno ecuatoriano con Jorge Glas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió una serie de recomendaciones que siguen sin ser acatadas, colocando en riesgo la vida e integridad física del ex vicepresidente encarcelado y condenado.
Crisis Carcelaria
El 2021 inició con fuertes brotes de violencia en la cárceles ecuatorianas. En febrero, 79 presos de las principales cárceles del país fallecieron en medio de motines provocados, presuntamente, por enfrentamientos entre bandas delincuenciales que operan en las cárceles.
Los centros penitenciarios de Cuenca, Latacunga y Guayaquil fueron escenario de espantosas imágenes que recorrieron al mundo. Tal y como lo reseñara BBC Mundo, “cuerpos decapitados y desmembrados”, circularon por las redes sociales.
Aquel enfrentamiento entre “los pipos”, “los lobos”, “los Chone killers”, “los tiguerones” y “los choneros”, dejó sembrada la preocupación en la sociedad ecuatoriana sobre la administración de esos centros penitenciarios.
El Comité Permanente para la Derechos Humanos del Ecuador (CDH), reveló en un informe de 2019 que existía una “profunda crisis del sistema carcelario”. Este sistema, alberga más de 40 mil privados de libertad cuyas condiciones están marcadas por el hacinamiento y la violencia extrema.
Para mayo de 2019, el gobierno de Lenin Moreno había decretado un Estado de Excepción con la finalidad de solventar la situación en los centros penitenciarios. El CDH objetó esta medida y señaló que después de ese decreto, se produjeron dos motines que agravaron las condiciones en las instalaciones carcelarias.
Recientemente, la bancada de la UNES en la Asamblea Nacional del Ecuador (AN), expresó mediante un comunicado oficial su preocupación por los nuevos hechos de violencia que dejaron 41 heridos y 21 fallecidos y una policía agredida sexualmente.
Paola Cabezas, asambleísta nacional y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la AN de Ecuador expresó su rechazo a las actuales condiciones de los centros penitenciarios.
La legisladora cuestiona el ingreso de armas a los centros penitenciarios, así como el silencio que las autoridades del gobierno de Guillermo Lasso mantienen acerca de los hechos acaecidos en julio de 2021.
Caso Jorge Glas
Preso en Latacunga desde 2017. El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, ha enfrentado diversas condiciones para su reclusión que colocan en riesgo su salud.
Afectado por diversas enfermedades, Jorge Glas no obtiene la atención médica adecuada porque en su oportunidad, el juzgado que atendía su caso decidió negarle el traslado a un centro de rehabilitación carcelaria que incluyera los servicios médicos especializado que su condición de salud requiere.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó en 2019 al Estado ecuatoriano que adoptara las medidas necesarias para resguardar la vida y la integridad personal de Jorge Glas Espinel.
El gobierno de Lenin Moreno, hizo caso omiso, y lo mantuvo encarcelado en las mismas condiciones denunciadas a la CIDH por Fausto Jarrin y Natasha Suñe.
El pasado 22 de julio, la asambleísta nacional Sofía Espín, hizo un llamado a la comunidad internacional en virtud de los nuevos hechos de violencia en la cárcel de Latacunga. Lugar de reclusión donde se encuentra Jorge Glas.
“Llamado a la comunidad internacional. En esta cárcel se encuentra detenido Jorge Glas Espinel, quien cuenta a su favor con medidas cautelares de la CIDH que hasta el día de hoy no se hacen efectivas”. Alertó Espín.
Caso de esclavitud en la empresa Furukawa
Comenzando el 2021 un juzgado constitucional de Ecuador reconoció la existencia de una servidumbre de gleba en el Ecuador.
En pleno siglo XXI la esclavitud seguía vigente en ese país, específicamente en una empresa dedicada al cultivo y comercialización de abacá ubicada en la vía Santo Domingo Quevedo a 255 kilómetros de Quito (capital).
En las 23 haciendas que operaba Furukawa, vivieron decenas de familias en condiciones infrahumanas. Trabajo infantil, hacinamiento, mutilaciones y enfermedades crónicas asociadas con el cultivo de abaca, marcaron la vida de los trabajadores de esa empresa de origen japonés.
El Tribunal Constitucional ecuatoriano condenó a los dueños de Furukawa a indemnizar con la entrega de 5 hectáreas de tierra a cada trabajador. También, la justicia ecuatoriana condenó al propio ejecutivo ecuatoriano representado por el Ministerio del Trabajo, en virtud de las omisiones cometidas en perjuicio de los trabajadores.
No obstante, hasta junio de 2021 la condena no ha sido ejecutada. Varios de los afectados han fallecido sin ver satisfecha su demanda. Tal es el caso de Petronilo Quintero Medina, quien a los 63 años, falleció de cáncer sin haber recibido aún la indemnización correspondiente
Por esta razón, Paola Cabezas, Asambleista Nacional por la UNES, solicitó formalmente al presidente de la Comisión de DDHH de la AN, José Fernando Cabascango, se convoque a los trabajadores de Furukawa para que den testimonio y poder dar seguimiento al cumplimiento del mandato judicial emitido en enero de 2021.
“Durante la Sesión manifesté que es imprescindible que conozcamos la voz de los trabajadores y las trabajadoras de Furukawa. Por eso la semana pasada hice una petición formal para que sean convocados y nos brinden su testimonio”. Afirmó Cabezas en su cuenta twitter.
