La ampliación del Prat vulnera el acuerdo del Gobierno de Coalición

El aeropuerto del Prat, ubicado en Barcelona, es el centro del debate debido a su proyecto de ampliación para aumentar su tráfico aéreo. La polémica es avivada por el contexto político y ambiental. Dicha obra aspira ser una de las principales bases de operaciones europeas donde las compañías puedan enlazar vuelos intercontinentales.

El acuerdo concertado entre el Ministerio de Transportes y la Generalitat para ampliar el aeródromo permitirá ejecutar una inversión millonaria para la creación de infraestructura. Se trata de un ambicioso proyecto, en el que los 1.700 millones de euros previstos representan para su materialización equivalen al doble de presupuesto que invirtió el Estado en Cataluña a lo largo de 2020.

Asimismo, se contempla la construcción de una nueva terminal satélite con una inversión de 681 millones, en un túnel para conectarla con la T1 estimado en 378 millones, así como el alargamiento de la pista más cercana, estimándose un presupuesto estimado de 262 millones.

Sin embargo, las cifras anteriormente referidas no eclipsan el debate creado en torno de esta obra, sobre la cual también recae una fuerte oposición en cuanto a su construcción, por considerarse, según diferentes estudios, que dicha obra tendrá un considerable impacto negativo sobre el medio ambiente circundante.

Todo ello, aunado a las profundas contradicciones en las cuales se encuentra inmiscuido el gobierno central, el cual mantiene una coalición partidista entre el PSOE y Unidas Podemos. Al respecto, los discursos del gobierno no han logrado ser lo suficientemente consecuentes con la realidad condicionada por la ampliación del Prat.

El Gobierno de coalición está en la obligación institucional de mantenerse apegado al compromiso verde y sostenible como parte su proyecto político, siempre armonizándolo con el desarrollo económico.

En este sentido, el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos prevé diferentes acciones en materia ambiental, los cuales, son rescatados en el documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”.

Entre otras cosas, en dicho texto figuran las siguientes acciones:  Luchar contra el cambio climático y la Aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Asimismo, una estrategia de transición justa al nuevo modelo energético, junto a la implementación de la economía circular.

De igual forma, creación del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales, acompañado de un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua.

El mencionado pacto de gobernabilidad también promueve la sostenibilidad del sector agroalimentario, forestal y del medio rural; la ampliación de la red de espacios protegidos; la elaboración de un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente; la actualización de la Ley de Costas y una Ley de Bienestar Animal.

El aeropuerto está rodeado por los humedales del delta del Llobregat, siendo este un espacio natural protegido. Entre las voces críticas al proyecto de ampliación se han sumado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, secundados por colectivos vecinales y entidades ecologistas, que ya han anunciado protestas.

En este sentido Colau señala que es un proyecto basado en “un modelo del pasado” y en “la economía del pelotazo”. Asimismo, encuentra “evidente” su incongruencia con los compromisos adquiridos en relación con el cambio climático.

Bajo lemas como “Menos aviones, más vida o En lucha por el clima, la salud y la vida, las plataformas Zeroport, Ni un pam de terra y Xarxa per la Justícia Climàtica” se ha galvanizado el descontento popular.

Por su parte, Fernando Prieto, investigador del Observatorio de Sostenibilidad, considera que el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat supone una “contradicción brutal”. El referido investigador sostiene que “no se puede estar hablando de emergencia climática y de aumento de las temperaturas y apostar por aumentar una infraestructura que atenta directamente contra la ecología”.

El referido experto, en el marco de su crítica, ha citado otros ejemplos conocidos de ampliación de infraestructuras en choque con la sostenibilidad, como las obras en los puertos de Valencia, Vigo y Tenerife.

Dicha ampliación aeroportuaria incentiva aquellas criticas que ven en su avance un daño “irreparable”, mientras que la dirección del aeropuerto insiste en que estirar la pista hacia el humedal es un mal menor.

Por otra parte, Carlos Bravo, portavoz en España de la organización Transport and Environment, subraya que la zona del delta también incluye el sistema acuífero del que depende el suministro de agua de Barcelona, lo que “supone otro riesgo”.

Según la opinión de Bravo, la ampliación de El Prat, así como la remodelación de Barajas son “incompatibles” con los compromisos climáticos. Considera que “el transporte aéreo es el que más emisiones de gas de efecto invernadero emite por pasajero, y junto con el transporte marítimo es el que menos esfuerzos ha hecho para reducirlas”.

De igual forma, el tema ha incentivado el pronunciamiento de la Comisión Europea, donde sus representantes han advertido de que “hay una legislación medioambiental comunitaria que se tiene que respetar”.

Por su parte, la ministra Raquel Sánchez, que durante su etapa como alcaldesa había rechazado cualquier cambio en la infraestructura aeroportuaria que pudiera afectar la calidad de vida de su municipio, insiste en que no es solo la UE quien pide tener miramientos, sino que el propio Ministerio de Transportes y el de Transición Ecológica serán “exigentes”.

Por otro lado, Juan López de Uralde considera que “el compromiso ambiental del Gobierno ha perdido fuelle”. Sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona, y del proyecto que afecta a Barajas apunta: “Espero que haya una reflexión sobre este tipo de proyectos. Debe haber una rectificación del Gobierno”.

Las críticas al Ejecutivo han llegado también desde las organizaciones ecologistas. Adrián Fernández, portavoz de Greenpeace, considera que “el discurso del Gobierno sigue siendo el mismo, pero las políticas no se corresponden con los objetivos”.

Pablo Muñoz, de Ecologistas en Acción, coincide: “La política ambiental del Gobierno está lejos de ser coherente. Hay muchos ejemplos de cómo la ambición climática queda diluida frente a los intereses económicos. Este caso de El Prat lo pone de manifiesto”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha comunicado a la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, su preocupación por el impacto medioambiental y de sostenibilidad que pueda tener la ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona.

Sin embargo, precisamente la ausencia de detalles sobre la operación y su carácter inicial es lo que lleva a la vicepresidenta Yolanda Díaz a estar vigilante, pero aún sin base para la queja, a pesar de que Ada Colau haya afirmado que Díaz comparte sus criterios. El compromiso ecológico es incuestionable en todas las facetas de la acción del gobierno.

Pese a que Unidas Podemos, parte del gobierno, se muestra en contra de la medida, a causa de su posición minoritaria en el ejecutivo no puede impedirla, por lo que de facto será parte de su ejecución, conllevando una fuerte contradicción con su discurso, pues no se verá reflejado en sus hechos más allá de las declaraciones formuladas en contra.

La competencia de UP en el campo progresista, Íñigo Errejón, se está encargando de evidenciar públicamente esa contradicción, emitiendo declaraciones en las que muestra su preocupación y oposición a la ampliación del Prat, señalando que UP forma parte del gobierno que la llevará a cabo.

Una posición que contrasta con la del político en Madrid, donde su organización apoyó una operación parecida, la de Chamartín, una iniciativa del PP de Botella que no encontró oposición del ex de Podemos.