La responsabilidad de España en Afganistán: complicidad del ejército con EEUU

Informes diplomáticos del Departamento de Estado de EEUU aseguran haber recibido un "apoyo incondicional" por parte del gobierno de España para su despliegue militar.

A nivel internacional, durante las últimas décadas el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) en España se ha caracterizado por una activa participación en las acciones de intervención multinacional lideradas por los Estados Unidos.

Todo ello llegando a comprometer la integralidad del territorio español, en vista de la fuerte presencia de bases norteamericanas, mermando una soberanía pretendida por las mismas fuerzas españolas en su discurso, siendo en la práctica algo muy distinto.

Asimismo, destacan las poco consecuentes relaciones cívico-militares en España, las cuales se encuentran en gran medida influenciadas por su el pasado franquista. Esto último formula diferentes preguntas, entre las cuales se encuentra la reflexión sobre si las fuerzas armadas españolas han culminado su consolidación democrática y han dejado de ser poder político.

Las actuales relaciones civiles y militares en España se condicionan a lo vivido en la guerra civil, habiendo casi desaparecido del imaginario colectivo el pasado progresista o conservador de las mismas, y arrancando desde su posición de tropas combatientes contra el gobierno democráticamente elegido de la II República.

Tras tres años de pugna, la victoria de los rebeldes involucró la conversión de la entonces República española en un sistema totalitario con Franco a la cabeza. La dictadura franquista fue el régimen de un militar que articuló un triángulo de poder sobre el que se sentía protegido y con el que controlaba a la sociedad desde todos los ángulos: el ejército, la iglesia y el partido fascista único FET-JONS.

Durante los casi cuarenta años de régimen totalitario-autoritario, son millones los españoles varones que como conscriptos han pasado un periodo de sus vidas como soldados sometidos a las órdenes de militares fascistas y bajo el dominio de un poder político opresor.

Franco muere en noviembre de 1975 y hubo que esperar hasta verano de 1976 para que el Rey Juan Carlos I, Jefe del Estado por voluntad del fallecido dictador, aceptase la dimisión de Arias Navarro, último jefe de gobierno franquista y primer jefe de gobierno tras la muerte del dictador Franco, nombrando entonces a Adolfo Suárez. Sólo entonces pudo iniciarse, no sin enormes dificultades, un proceso de transición a la democracia.

El triunfo del proceso de democracia concertada y representativa permitió, por primera vez tras la victoria del fascismo en 1939, la convivencia pacífica de variados sectores políticos.

En este sentido, respecto al contexto netamente militar, destacan las reformas emprendidas por el vicepresidente primero del gobierno de Adolfo Suárez, General Gutiérrez Mellado, reforzadas por el ministro de defensa del primer gobierno socialista, Narcís Serra.

A través de ellas se procuró, en primer lugar, actualizar las fuerzas armadas. En segundo lugar, apartarlas de poder político convirtiéndolas en una administración militar al servicio del gobierno, reduciendo su volumen hasta cifras razonables en función de las necesidades propias de un Estado democrático rodeado de socios comunitarios.

Ya en 1986, “afianzada” la democracia española, dentro de este contexto existía en España un sentimiento antimilitarista. Por otro lado, la presencia de bases y tropas norteamericanas en suelo español, y la sensación de violación de la soberanía que ello comportaba, no ayudaban a limar esa tendencia.

La sociedad de entonces asemejaba al ejército con franquismo, para eliminar esa percepción requería mucho esfuerzo político. Sin embargo, desde mediados de los noventa la tendencia ha estado cambiando. Dos eventos van a ser cruciales en la normalización cívica para con las políticas de seguridad y defensa.

Por un lado, las victorias electorales socialistas durante los ochenta tuvieron, como uno de sus principales temas de campaña, la pretensión de salir de la OTAN. Sin embargo, el gobierno socialista en 1986, tras el ingreso en la CEE, convocó un referéndum en el que la postura gubernamental, sorpresivamente para sus votantes, fue la defensa del “Sí a la permanencia”.

Por otro lado, en este tiempo, las fuerzas armadas españolas comenzaron un progresivo despliegue en operaciones de “paz” en Centroamérica, África, los Balcanes, Afganistán, etc. En virtud de estas acciones, Estados Unidos se comprometió a renovar los arcaicos suministros de guerra españoles y a crear un sistema de créditos, a cambio de administrar, junto a las Fuerzas Armadas española, tres bases aéreas y una naval ubicadas en posiciones estratégicas.

Fueron cedidas a la Fuerza Aérea de Estados Unidos las bases de Morón y Rota, también le fueron concedidas las bases aéreas de Torrejón de Ardoz y Zaragoza, de donde se retiró en 1991 y en 1992, respectivamente. Las bases quedaron bajo soberanía hispano-estadounidense.

Mientras que su bandera es española, dentro de la base rige la ley estadounidense, aunque haya tropas de ambos países. Por tanto, se considera que las bases están en territorio español bajo jurisdicción de EEUU, que también las financia.

Los casos de Rota y Morón no son aislados: Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo, lo que le permite desplegar con rapidez buques, aviones o unidades terrestres en cualquier continente.

En nivel de cercanía entre las relaciones militares de EEUU y España, se evidencia tras la filtración de diferentes archivos del Departamento de Estado de EEUU, donde recogen el “apoyo incondicional” que recibió Bush de Aznar y la insistencia al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para que contribuyese a la expansión del Ejército afgano.

Los documentos confirman el “acceso pleno” que tuvieron los militares norteamericanos en la intervención a las bases de Morón y Rota. En este sentido, revisando las decenas de escritos de la diplomacia estadounidense queda demostrada la buena sintonía que mantenía la administración de George Bush con el Gobierno de Aznar y las tensiones que se desataron con la victoria de Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004, tres días después del 11M.

Con la retirada de las tropas de Irak, una de las promesas electorales del PSOE en esos comicios, el posicionamiento español en Afganistán pasó a ser uno de los temas presentes en todos los informes enviados por la Embajada de EEUU en Madrid al Departamento de Estado.

La diplomacia estadounidense reconoció que el Gobierno de Aznar fue un socio de nivel internacional. “Las declaraciones públicas del Gobierno español sobre la guerra contra el terrorismo han ido francas y con un apoyo uniforme”, expuso la Embajada en diciembre de 2001 en un reporte anual sobre terrorismo.

Esa nota también destaca que el ministro de Defensa en esa época, Federico Trillo, hiciese declaraciones en las que garantizaba a EEUU “acceso sin condiciones” a las bases de Rota y Morón. Con el cambio de Gobierno, la utilización de estas bases no se vio alterada.

En otro de los informes, realizado ya en 2006, durante el Gobierno de Zapatero, se advierte sobre el “acceso pleno” que tiene el Ejército norteamericano, “incluyendo a los operativos que se dirigen a Afganistán”.

La referida documentación desclasificada destaca la importancia de las bases en terreno español al ser “puntos de tránsito cruciales” entre EEUU, Afganistán e Irak. “Unos 4.000 aviones militares y 120 buques de guerra estadounidenses transitan anualmente por estas bases”, recoge uno de los informes, publicado en 2016.

Todo ello da muestra del involucramiento de las fuerzas españolas en la maquinaria de guerra norteamericana y su alineación política a los intereses de Washington. Desde casa, amerita un abordaje directo y sistematizado por parte del gobierno de coalición y las fuerzas de izquierda rupturista de España. Es menester crear una agenda política y social que reformule el actual papel de las FFAA españolas local e internacionalmente.