Caso “Dinámicos del Centro” y la persecución judicial contra Perú Libre

El gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre no han tenido un solo momento de respiro. La batalla que le ofrecen las fuerzas políticas que por primera vez no son gobierno es sin cuartel. El escenario de persecución judicial, se va configurando apuntando a la figura de Vladimir Cerrón, y hacia todos los miembros de Perú Libre.

“Hay una evidente persecución político judicial a Vladimir Cerrón, intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus líderes”, denunció al mundo Guido Bellido, primer ministro del gobierno de Pedro Castillo.

El “lawfare”, se está estructurando a partir del caso “Dinámicos del Centro”, una investigación que desde 2019, indaga en el presunto lavado de activos y el “enquistamiento”, de una organización criminal en la Dirección Regional de Transporte del gobierno de Junín, departamento en el cual Vladimir Cerrón fue gobernador.

De un individuo a una totalidad

La novedad del caso “Dinámicos del Centro”, radica en el señalamiento que la Fiscal anticorrupción Vanessa Díaz hace contra Perú Libre. Según la Fiscal, el partido político sería toda una organización criminal con distintos niveles. Hasta la actualidad, las acusaciones apuntaban solo a Cerrón.

“Esta fiscalía establece que nos encontramos ante una organización criminal presuntamente conformada hasta en cuatro niveles. En el primero está Vladimir Cerrón en condición de líder, Arturo Cárdenas Tovar en segundo nivel, hombre de enlace de organización y luego se difurcan en dos: uno en la actividad criminal referida al tráfico de licencia de conducir y en paralelo a la contratación de personal”, señaló la funcionaria.

La audiencia preliminar, realizada el 28 de septiembre, coloca al borde de la criminalización a Perú Libre. “El objetivo de la organización (dinámicos del centro), era lograr dinero para Perú Libre y para el propio Cerrón“.

Posibles escenarios

Con una persecución judicial, el primer escenario predecible es la criminalización de Perú Libre, ello traería varias consecuencias, la más impactante sería la justificación de la vacancia para Pedro Castillo y su destitución de la Presidencia del Perú.

Por otra parte, un “lawfare” contra Perú Libre abriría la puerta para la privación de libertad de otros dirigentes como Guido Bellido, y hasta el allanamiento de la inmunidad a los miembros de la bancada de Perú Libre en el Congreso peruano.

Una verdadera cacería de brujas se avecina en el Perú, si este proceso judicial no acota de manera precisa la imputación de delitos.

Vladimir Huaranca, representante del Partido Perú Libre en Arequipa, advierte que se trataría de “una guerra judicial en toda su extensión”.

No es la primera vez en Latinoamérica

La persecución judicial o “lawfare” es ya un método de contención de la izquierda en Latinoamérica. Argentina, Brasil y Ecuador son los casos que más han resonado.

En Ecuador, un vicepresidente legítimamente electo fue apresado por averiguaciones, retenido sin pruebas y posteriormente condenado sin garantías. Este caso, el de Jorge Glas, ocupa incluso los exhortos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que sirve a la OEA, una instancia que no necesariamente apoya a la izquierda.

El caso de Luis Inacio Lula Da Silva, terminó preso 580 días, en un procedimiento que acabó por no tener suficiente asidero jurídico. Del mismo modo, Cristina Fernández de Kirchner sufrió los embates de un procedimiento irregular que la obligó a dar pasos hacia la retaguardia.

Igualmente, Rafael Correa, es un expresidente exiliado gracias a una condena motivada en el “influjo psíquico”, una causal novísima en materia jurídica y penal en Ecuador y en el mundo.

Los verdaderos delitos

El periodista peruano Ricardo Uceda, denuncia que no existen pruebas suficientes. “En el caso dinámicos del centro solo hay indicios, no hay pruebas”, sostiene Uceda.

Por su parte Guido Bellido, y la bancada de Perú Libre mostraron apoyo rotundo a Cerrón y advierten al mundo cuales son las verdaderas motivaciones de este procedimiento judicial.

“Los delitos son: renegociar el gas, recuperar el petróleo, revisar contratos Ley, Asamblea Constituyente y Nueva Constitución“. Afirmó el premier peruano, Guido Bellido.