Devastación minera y represión contra ambientalistas en Honduras

Honduras, bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, transita actualmente una política devastadora caracterizada por el concesionamiento de los servicios públicos, infraestructura, producción energética y recursos naturales.

La realidad del país centroamericano está marcada por políticas totalitarias, centralizadoras y concesionarias resultado de la concepción de modelo de país del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien representa el tradicionalismo conservador.

Esta política concesionaria no es novedosa, tiene varios antecedentes en el país y han mostrado que no generan beneficios a su población. Es una de las razones por la que hoy Honduras se sitúa como el segundo país más empobrecido de todo Centroamérica y el Caribe, después de Haití; con evidencias de que la economía hondureña ha tenido un nivel de productividad mínimo.

Desde que la ´administración nacionalista´ ha guiado la política de desarrollo del país, la figura de la concesión territorial ha tomado tanta fuerza como en la época en que las concesiones mineras y bananeras parecían ser el bastión de desarrollo económico de Honduras. José Luis Palma Herrera.

Ya son 12 años (2010-2021) continuos en los que el partido nacional ha llevado las “políticas de desarrollo” de Honduras, luego del Golpe de Estado en 2009 contra el presidente constitucional José Manuel Zelaya que sirvió no sólo para derrocarlo sino para regresar al proceso de concesión del territorio a empresas extranjeras para su explotación.

Según José Luis Palma Herrera en su artículo “El regreso de los enclaves a Honduras en el siglo XXI: Las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), la versión de las ciudades chárter rechazada por su creador Paul Romer (2010-2019)”, el primer enclave en territorio hondureño está representado por el Puerto Libre de Amapala, comenzó a través de la figura de la concesión de territorio e “inició operaciones con el concesionamiento en 1846 de varias caballerías de tierra al comerciante italiano Don Carlos Dárdano Dota y con el respaldo del decreto de 1847 donde se le nombra ´Puerto franco de Amapala en la isla del Tigre´. En dicho decreto se establece que no se pagarían derechos marítimos de ninguna especie durante diez años…”.

El segundo enclave en Honduras, igualmente bajo la concesión de territorio, es el denominado “enclave minero”. Y nace operativamente con el “inicio de actividades de la Rosario Mining Company, a quien se le concesionó la explotación a 20 años de la mina de El Rosario en San Juancito”, refiere José Luis Palma Herrera.

Se dio posteriormente un aumento de las concesiones mineras a inversionistas extranjeros que en su gran mayoría eran de origen estadounidense, con lo cual se conformó el “Central American Syndicate”.

…En este periodo las concesiones incluían enormes privilegios aduaneros, exenciones de tributos y acceso total a los recursos naturales necesarios para la explotación minera, tales como ´el agua´. Entre 1888 y 1889 la minería representaba el 55 por ciento de las exportaciones nacionales, en dicha época se encontraban registradas cerca de 300 minas de oro, plata, plomo y cobre. Guillermo Molina Chocano (1976) en Estado liberal y desarrollo capitalista en Honduras.

El saldo de estas concesiones mineras no era precisamente de éxito para la economía hondureña sino de desventajas, ya que no se logra encontrar realmente el aporte-beneficio de lo exportado al desarrollo económico y social del país.

Por el contrario, es una muestra de saqueo donde la compañía explota el territorio centroamericano siendo independiente de decidir cómo explotar los recursos y cuánto devolver a la economía nacional de las grandes utilidades logradas con la explotación de los recursos minerales, acuíferos y humanos de Honduras.

Hoy el continuador de la dictadura Juan Orlando Hernández profundiza esta política de devastación minera seguida de la represión de los movimientos ambientalistas, aun cuando ha venido fortaleciendo el despojo desde que fue presidente del Congreso Nacional ya que en el contexto del golpe de Estado contra Zelaya en 2009, se concesionaron más de un centenar de ríos, entre ellos el Gualcarque, en Río Blanco, Intibucá, y por la defensa del mismo fue asesinada la defensora Berta Cáceres, en el año 2016.

Según datos de la confederación internacional humanitaria OXFAM (2017) presentados en su estudio “Territorios en riesgo: minería, tierra y agua en Honduras”, el aporte del rubro minero a la economía nacional es insignificante en comparación con otros sectores económicos del país, “entre el 2000 y el 2015, la minería contribuyó, en promedio, menos del 1 % anual al PIB, y fue el sector que empleó la menor cantidad de mano de obra en Honduras”.

En el 2018 la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, estimó que el 35 por ciento del territorio estaba concesionado, y que los ríos, bosques y montañas pasaron a ser propiedad de los empresarios que sostienen al gobierno de Juan Orlando Hernández. En ese momento se trataba de 59 concesiones mineras que el gobierno había otorgado a empresas privadas, sin consultar al pueblo.

Según el informe de Riesgo Climático Global de 2019, Honduras es de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (tormentas, lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra). No obstante, Honduras desde el 2015 al 2019 fue sede del Congreso Internacional de Minería.

Según el estudio denominado “Territorios en riesgo III Minería, hidrocarburos y generación de energía eléctrica en Honduras”, difundido desde mayo de 2021 y realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras, FOSDEH, la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo, COSUDE y OXFAM develó que:

• Las concesiones mineras se extienden sobre 185 municipios.
• Otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos.
• En los territorios indígenas existen 82 concesiones mineras y la única concesión de hidrocarburos.
• El área total destinada para la extracción minera en Honduras podría aumentar 330%, pasando de 131 mil 515 hectáreas (ha) a una explotación potencial de 565 mil 128 hectáreas. Es decir, este rubro abarcaría 5% del territorio nacional.
• Por primera vez en la historia del país, el Estado hondureño aprobó en 2020 un plan de explotación de hidrocarburos, el cual abarca 17 mil 30 kilómetros cuadrados del Caribe hondureño.
• Existen 78 proyectos mineros dentro de las áreas protegidas y/o en las microcuencas declaradas.
• La aprobación de estas concesiones va de la mano con las nuevas políticas que aceleran el otorgamiento de las licencias ambientales y obstruyen el acceso a la información pública, violentando los derechos de las y los hondureños.

Lo anterior es parte de los datos que engrosan el expediente que define a Honduras como uno de los países más violentos, pobres y corruptos del mundo, y que en la actualidad es dirigido por el gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández, quien además tomó el poder luego de un proceso electoral viciado.

Aunque paralelamente ocurre una constante represión física contra ambientalistas a través de operaciones psicológicas, crímenes, infiltración de organizaciones mediante el aparataje estatal para que los megaproyectos se establezcan al costo violento de segar la vida de quien defienda los derechos de la naturaleza; las comunidades y el pueblo hondureño en general se mantiene movilizado defendiendo la transparencia, descentralización gubernamental, autonomía municipal, protección ambiental y soberanía de su territorio.