Perú: Pedro Castillo enfrenta una guerra judicial

Pedro Castillo, pasó la prueba de la vacancia pero ahora deberá sortear la guerra judicial. Este mecanismo, que en Ecuador sacó a Jorge Glas de la vicepresidencia, y exilió a Rafael Correa, que en Argentina llevó a juicio a Cristina Kirchner, y que en Brasil puso preso a Lula Da Silva, comienza a ser un lugar común para la derecha latinoamericana.

Un lawfare podría colocar a Pedro Castillo a las puertas de una nueva moción de vacancia, que esta vez rendiría los frutos que espera la derecha, y que no obtuvo en el primer intento por falta de pruebas de la “incapacidad moral”, que prevé la Constitución del Perú.

En esta ocasión, las presuntas irregularidades en contrataciones de Petroperú, dieron pie a una investigación por parte de la Fiscalía. La extensa y sensacional cobertura de los medios no se ha hecho esperar en lo que se perfila como otro episodio de la guerra judicial.

Notas sobre el lawfare o guerra judicial

La judicialización de la confrontación política es realmente un arma de guerra. El Centro Latinoamericano de Geopolítica, lo describe como un método de guerra no convencional en el cual al ley es un medio para conseguir un objetivo militar.

En el lawfare, se anula al adversario por dos vías, la destrucción de su imagen ante la opinión pública, y la inhabilitación política para seguir ejerciendo algún cargo, principalmente cargos de elección popular como es el caso de los presidentes.

Uno de los sustentos más frecuentes de la guerra judicial es la lucha contra al corrupción. En ese caso, la derecha vincula a la izquierda con el enriquecimiento ilícito y con tramas oscuras de financiamiento de la actividad política, este es un patrón que se repite.

El objetivo es quitarle la superioridad moral a la izquierda, ello la inhabilita para captar voluntades, que es finalmente, el daño más profundo a los gobiernos progresistas que deben competir en la mente de los ciudadanos con la aparente honestidad y transparencia de los empresarios.

La guerra judicial contra Pedro Castillo

La investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía del Perú no es el primer intento. En un principio, la fiscalía anticorrupción quiso vincular a Pedro Castillo con el caso de los dinámicos del centro, en el cual presuntamente, Vladimir Cerrón habría usado dinero de esta organización criminal para financiar al partido Perú Libre.

Nada fue comprobado del todo, y en cuanto Pedro Castillo se apartó de Cerrón y de Perú Libre la causa naufragó, y el Congreso busco otras excusas para iniciar el primer procedimiento de vacancia que tampoco llegó lejos en el pleno del Congreso.

En esta oportunidad, la adjudicación de un contrato de suministro de biodiesel a Petroperú, es la causa que justificaría la guerra judicial contra Pedro Castillo.

Linchamiento mediático

La prensa, que nunca ha estado del lado de Castillo está aprovechando el momento para lesionar su imagen todo cuanto sea posible.

Recientemente, la Fiscalía exigió ingresar al Palacio de Gobierno para recabar los elementos de convicción necesarios para la investigación sobre Petroperú, según la prensa comercial, Castillo no quería permitir la entrada a los funcionarios de la Fiscalía.

Pedro Castillo ha desmentido esto, pero ya no es relevante su aclaratoria, en el imaginario colectivo está sembrada la idea de que el primer mandatario del Perú tiene miedo de ser descubierto.

El mismo caso, es el del allanamiento a las oficinas de Petroperú, una supuesta superioridad jerárquica del poder judicial, se prueba mediáticamente, para invalidad la autoridad de quienes dirigen esta empresa y del propio Pedro Castillo, a quien siempre han acusado de no estar preparado para gobernar.

El absurdo

A Pedro Castillo se le cuestiona todo. El ministro de justicia, Aníbal Torres, afirma que al mandatario peruano se le pretende prohibir inclusive que sus familiares le visiten.

“El presidente no puede, en su casa, recibir a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus sobrinos o a otras personas que llegan a buscarlo allí”, indica el ministro Torres.

Según Torres, la obligación de registrar las visitas no oficiales es un acto inconstitucional e ilegal, por otra parte, opina que existe desesperación por parte de los adversarios de Pedro Castillo, de involucrarlo en cualquier situación que aparente ilegalidad para justificar la vacancia que no lograron en su primer intento ante el Congreso.