Xiomara Castro frente a los monstruos de la dictadura: terrorismo de Estado
La memoria de Honduras está cruzada por el terrorismo de Estado. La herida que debe curar Xiomara Castro es muy honda, el miedo y la sed de justicia permanecen en el imaginario colectivo de los hondureños.
La memoria de Honduras está cruzada por el terrorismo de Estado. La herida que debe curar Xiomara Castro es muy honda, el miedo y la sed de justicia permanecen en el imaginario colectivo de los hondureños.
Nadie olvida a Berta Cáceres, tampoco la deuda con los 8 de Guapinol, ni el genocidio Garífuna. Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras, el llanto de los hondureños guardaba la memoria de las decenas de luchadores sociales muertos y presos, los mártires de la dictadura.
Detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones, y otros abusos no fueron denunciados solamente por el partido Libre, que encabezaba la oposición a la dictadura, también las organizaciones no gubernamentales internacionales llevan gruesos expedientes de las violaciones a los DDHH en Honduras.
El tamaño del monstruo
Para saber exactamente como operó el terrorismo de Estado, acudimos al testimonio del historiador Fernando Ramírez, quien ofrece un resumen sobre los crímenes perpetrados por la dictadura.
Ramírez contextualiza “en este periodo se propició la consolidación de estructuras criminales en el Estado vinculadas al narcotráfico hasta la captura de la institucionalidad pública en todos sus poderes. El Estado fue protagonista en los últimos 12 años de una serie de crímenes que van desde ejecuciones extrajudiciales, al desplazamiento forzado y la desaparición forzada, el apoyo a grupos paramilitares, y la persecución contra líderes sociales y políticos”.
Por otra parte, la historia del terrorismo de Estado involucra, no solo los hechos contra las personas, sino todo el andamiaje jurídico necesario para garantizar la impunidad de quienes desde el Estado cometieron actos violatorios a los DDHH.
“La implementación de medidas en el campo jurídico como la Ley de Escuchas, la Ley de Secretos, la Reforma del Código penal, todo para la protección selectiva de funcionarios públicos, particularmente, los vinculados a las violaciones de DDHH, corrupción, narcotráfico y la persecución de cualquier disidencia a la dictadura”. Relata Ramírez.
Historia dolorosa
En Honduras el terrorismo de Estado tiene múltiples ejemplos, pero en los casos más sonados se puede comprender hasta donde llega el dolor de la mayoría hondureña.
La crisis postelectoral del 2017 y 2018, el caso de los estudiantes del Instituto Técnico Honduras asesinados, la detención y desaparición forzada de miembros de la comunidad Garífuna de triunfo de la Cruz, y el caso de los 8 defensores del Río Guapinol conforman parte del expediente de terrorismo de Estado, acumulado en Honduras.
Se debe recordar también el asesinato a Berta Cáceres, defensora del medio ambiente y del pueblo lenca contra la depredación minera, símbolo de las luchas de las mujeres en Honduras, quien ha obtenido justicia parcial, con la condena a varios de los autores materiales e intelectuales de su homicidio.
Fraude electoral
Este capítulo de la dictadura en Honduras, comienza el 27 de noviembre de 2017 cuando se iniciaron las protestas contra el fraude electoral que permitió la reelección de Juan Orlando Hernández, como presidente de ese país.
A raíz de estas protestas, el entonces presidente declaró estado de excepción, y ese contexto jurídico le dio apariencia legal a los atropellos, y al terrorismo de Estado desplegado por el gobierno del Partido Nacional.
“La Comisión de la ONU para los DDHH en Honduras informa que se registraron 16 muertes relacionadas con el uso de fuerza letal por parte de la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército, aunque el Comisionado Nacional indica que se trata de 31 asesinatos” afirma Fernando Ramírez, historiador hondureño, y asambleísta del poder popular.
En ese marco de resistencia popular y rechazo a la dictadura, estudiantes del Instituto Técnico Honduras, se manifestaron contra el alza de los precios de los combustibles, ordenada por Juan Orlando Hernández.
“El 30 de agosto de 2018, los estudiantes Mario Enrique Suárez Gómez y Gerson Daniel Meza Medina, fueron detenidos en su casa en Tegucigalpa por miembros de la agencia técnica de investigación criminal, fueron montados en un vehículo sin placas, encontrados en otro sector de la capital asesinados, y con signos de tortura”. Detalla Ramírez en su recuento.
El asunto de la tierra
La tierra es un asunto por el cual los poderosos pelean a sangre y muerte. En Latinoamérica, desde la época de la colonia, se acumulan miles historias de campesinos asesinados en defensa de su territorio.
Uno de los casos más reconocidos en Honduras, es el de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por órdenes de ejecutivos de la empresa de Desarrollos Energéticos (DESA). Su homicidio tuvo como motivo la defensa que hizo Cáceres del Río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad Lenca de Honduras.
Como autor intelectual de este asesinato, fue condenado Roberto Castillo, y como autores materiales otros cuatro ciudadanos más, para todos la Fiscalía hondureña pidió la pena máxima.
Los 8 en defensa del Río Guapinol
El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona protegida desde 2012. En el área que corresponde al parque, estaban legalmente prohibidas las actividades mineras.
Posteriormente, los intereses económicos de los privados, influyeron en el poder legislativo y el área protegida se redujo. Luego la empresa Los Pinares, logró que le otorgaran en concesión, la explotación minera dentro de ese Parque Nacional.
Fernando Ramírez aclara las circunstancias del conflicto, “En 2018, las comunidades de Guapinol y San Pedro, comienzan las acciones de protestas por la concesión del área protegida, y el conflicto se agudiza cuando se toman las instalaciones de la municipalidad y la instalación del campamento Guapinol para la protección del Río”.
Las acciones de terrorismo de Estado contra las comunidades, consistieron en una persecución judicial en la cual se detuvieron a 31 de los liderazgos que encabezaban las protestas. Ocho de esos defensores, quedaron privados de libertad por casi cinco años, sin que se les garantizara el debido proceso.
El genocidio Garífuna
La comunidad costera del triunfo de la Cruz, recuerda los rostros de las víctimas del terrorismo de Estado. El pueblo garífuna, objeto del racismo, perdió al menos a 5 de sus miembros, en la defensa de su territorio.
“El 18 de julio de 2020, entraron alrededor 30 hombres armados identificados como parte de la dirección de investigación policial (DPI) y se llevan a cinco personas entre ellas: Sonia Aparicio Mejía, Gerardo Misael Trochéz, Milton Martínez, y Esnaider Centeno, este último era miembro de la organización negra OFRANEH y presidente del patronato de la comunidad”. Describe el historiador Fernando Ramírez.
De igual forma, Ramírez indica que la CIDH le había reconocido al pueblo garífuna sus derechos ancestrales sobre la tierra y su uso. “Fue desconocida por parte del Estado en un acto profundo de racismo, y concedió anclajes turísticos en el territorio Garifuna”.
La disputa por el territorio se mantiene, y se espera que el reconocimiento y reparación venga con el gobierno de Xiomara Castro, y la refundación de Honduras.
Primeras victorias en la batalla
Aún es muy pronto, sin embargo, Xiomara Castro ya puede contar una victoria en su batalla contra el terrorismo de Estado.
Con la emisión de la Ley de Amnistía, se espera la liberación de los presos políticos, y la creación de condiciones para el resarcimiento a las víctimas del terrorismo de Estado. Los primeros beneficiados han sido los defensores del Río Guapinol.
A pesar de las maniobras dilatorias por parte del poder judicial, el 24 de febrero de 2022, fueron liberados los ocho defensores del Río Guapinol, los hondureños celebran, pero este es apenas un paso, en la búsqueda de justicia para los mártires de Honduras.
