El fascismo recorre España: la alianza del PP con VOX revive el franquismo

El fascismo español, representado en PP y VOX, ha cerrado un pacto político de coexistencia en Castilla y León. Su legislatura incluye la Mesa de las Cortes y el Gobierno, el cual estará dirigido por el popular Alfonso Fernández Mañueco.

De esta manera, VOX establece su presencia en las Cortes, cuya representación recae en Carlos Pollán. Por otra parte, la vicepresidencia del Gobierno, queda en manos de Juan García Gallardo, al igual que otras tres consejerías aún por definir.

Por su parte, Mañueco afirma que el pacto anteriormente referido representa el primer gobierno de coalición que PP y VOX asumen en una comunidad autónoma. Lo define como un “acuerdo de mínimos“, el cual en su opinión facilitará “un gobierno estable, sólido y con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía“.

Bajo la nueva dinámica legislativa, los partidos pactantes firmaron un documento político sustentado en 11 ejes y 32 acciones que definirán tanto las bases como el rumbo de la coalición derechista.

“Un acuerdo programático era crucial para poder sustentar un gobierno sólido y estable“, ha explicado el presidente en funciones de la Junta. Por parte de VOX, Juan García Gallardo asevera que la gestión del Gobierno de Castilla y León dará un “buen ejemplo” sobre lo que pueden hacer ambas formaciones unidas en agendas combinadas.

Sin embargo, estos acuerdos no están exentos de polémica al plantearse acciones que atentan contra logros que han sido consolidados a favor de la ciudadanía. En este sentido, se propone en el punto 32 del acuerdo, implementar medidas conducentes llevar a cabo una “inmigración ordenada”.

Esto último resulta un punto sensible considerando las frecuentes posiciones xenófobas de ambos partidos de derecha, mostrando un neonazismo político digno de rechazo público.

La ultraderecha siempre ha partido del principio estratégico del que obtienen mejores resultados, cuanto mayor es el impacto de la inmigración en el conjunto de la sociedad, sobre todo, al resaltar aquellos elementos extranjeros involucrados en “actos delictivos” que atenten contra el principio de “ley y orden”.

Mas allá que la derecha proponga una política migratoria más restrictiva, lo verdaderamente alarmante para la sociedad española es que lo haga criminalizando a los inmigrantes con mentiras y fomentando xenofobia, provocando de esta forma ataques de odio.

Además del tópico de la migración, los ahora socios en CyL han defendido el punto número 14 del acuerdo, el cual habla de consolidar “un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico”.

Este aspecto del acuerdo está relacionado a la implantación del llamado “pin parental” y al “adoctrinamiento ideológico”, tema sobre el que VOX ha criticado sin fundamentos algunos contenidos escolares acusados por los derechistas de adoctrinar y sexualizar a los niños en las aulas de clase.

Este acuerdo va a permitir, según el criterio de la derecha, que exista la posibilidad de que los padres puedan decidir qué actividades concretas van a tener sus hijos en los colegios con miras a su formación y evitar lo que VOX cataloga como “delirios de la izquierda”.

Por otra parte, aunque el acuerdo no cita el decreto de Memoria Histórica, que VOX llegó a pedir que se retire, el presidente del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, Ángel Hernández, anunció el pasado viernes su dimisión por su rechazo a “blanquear a la extrema derecha”.

Estos controversiales acuerdos entre el PP y VOX solo demuestran una misma naturaleza fascista inmersa en la fundamentación de sus eventuales acciones del gobierno, resultando en una suerte de ADN político que históricamente ha caracterizado a la derecha española.

Incluso el PP, partido perteneciente al Régimen del 78, no escapa de esta variable definitoria. Parte de esa raíz fascista la vemos representada en su origen por medio de la organización Alianza Popular (AP), de tendencia conservadora y altamente leal a la figura de Francisco Franco.

AP fue fundada a finales de 1976 como federación de unos llamados “partidos” que en realidad no eran sino proyecciones políticas de antiguos ministros del franquismo. AP fue percibido como un partido situado entre la derecha y la extrema derecha, de naturaleza continuista con el conglomerado ideológico del franquismo y, en consecuencia, de dudosa legitimidad democrática.

La alianza fascista entre el PP y VOX hasta ahora solo se ha limitado a CyL, no ha sido igual en Andalucía, donde el presidente de la Junta se apresura a explicar que el acuerdo de Gobierno con la extrema derecha en la comunidad vecina “no va a pasar” en dicha comunidad. Su Gobierno maneja encuestas con 50 diputados para el PP, próximo a la mayoría absoluta.

Según Juanma Moreno, “Andalucía es Andalucía y Castilla y León es Castilla y León. Que nadie piense que lo que ocurre en una comunidad autónoma va a marcar a otra, porque no va a pasar así”. Esto es sin duda un pase de factura a los múltiples desaciertos políticos de VOX en esa región donde no ha podido conseguir una mayor cohesión derechista.

En este sentido, el ejecutivo andaluz sostiene con dureza que el partido de Santiago Abascal no puede sustentar a un gobierno “fuerte” en Andalucía, porque “no cree en la Unión Europea ni en el Estatuto de Autonomía ni en la comunidad autónoma”.

Respecto a la derecha española, por más alianza que establezcan, un contexto de conflictividad o un pasado muy relacionado con periodos autoritarios o fascistas dificultan extremadamente su implantación, como sería el caso de Alemania o España.

Si bien en España, la llamada transición no supuso un cambio sustancial con relación al franquismo, la derecha aún cuenta con una serie de estigmas dentro de la sociedad que bloquea la emergencia de los partidos conservadores.