Violencia contra la mujer en el sector de la salud
La violencia en contra de la mujer en el sector sanitario ha perpetuado una forma de desigualdad.
A lo largo de la historia, las mujeres han estado expuestas a toda clase de situaciones adversas y desigualdades perpetuadas por los sistemas tanto políticos como sociales, dificultando su acceso a los recursos más básicos e indispensables para su desarrollo integral como personas.
Tal es el caso de la salud, el cual además de calificar como uno de los derechos humanos de primera generación, también ha sido violentado por distintos regímenes, desde dictatoriales hasta algunas democracias en decadencia.
A menudo, muchas mujeres no tienen acceso al sector sanitario ni una atención médica adecuada, poniendo en riesgo su salud por negligencia. Más aún tomando en cuenta que dicha situación es considerada como un tipo de violencia, definida específicamente por las Naciones Unidas como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad“.
Es clave la mejora de la salud pública
Los Estados modernos deben trabajar en una respuesta óptima y en generar mecanismos de prevención de cualquier caso de violencia en sus múltiples clasificaciones. Pero, es un hecho altamente alarmante que la realidad de miles de mujeres se vea afectada por la deficiencia e ineficacia del sistema sanitario, por lo que hay una ínfima cantidad de ellas, y en particular de adolescentes, víctimas de violencia que acuden o reciben servicios de salud.
Por tanto, el rol de estos sistemas en la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es clave. Asimismo, una de las prioridades es brindar apoyo de primera línea que atienda sus necesidades clínicas, prácticas y emocionales.
Es importante que se asegure la privacidad y confidencialidad, escucharlas con empatía y sin juzgar, de manera respetuosa, explorar opciones para procurar su seguridad, apoyar sus decisiones sobre cómo proceder y también guiarlas hacia otros servicios que puedan requerir.
De esta manera, los profesionales de la salud utilizan el poder que tienen para identificar a las pacientes que experimentan violencia antes de que esta pueda escalar y por consiguiente, se logre mitigar las consecuencias de la violencia sobre la salud de las sobrevivientes.
Sin embargo, para avanzar hacia ese nivel es necesario que exista el compromiso sostenido y una respuesta adecuada para asegurar las condiciones que apoyen a los proveedores a responder efectivamente ante la violencia.
El resultado de un sistema deficiente: desigualdad
Para nadie es un secreto que en la mayoría de las sociedades hay una considerable situación de desigualdad que se puede cuantificar, propiciando la falta de equidad y la inaccesibilidad de los recursos sanitarios.
Una de las vulneraciones más comunes en esta área es la violencia obstétrica que hace referencia a una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio.
Esto constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ya que incluye el maltrato físico y verbal, lo cual representa un problema importante en el marco de los derechos de las mujeres y la lucha contra todas las formas de violencia de género.
Es así que este tipo de violencia es poco visibilizada, sobre todo por el manejo de estereotipos que condicionan la aceptación de situaciones precarias al momento del parto, porque es al “natural”, las “mujeres están hechas para parir”, y otros juicios similares que condicionan u obligan a las mujeres a pasar por circunstancias que ellas deberían decidir.