Honduras golpea al neoliberalismo desde el sector eléctrico
A pesar de la férrea oposición que han hecho los poderes económicos, el Congreso de Honduras aprobó la ley que permite al Estado el control de la energía eléctrica.
El Estado hondureño rescata la energía eléctrica. El Congreso Nacional de Honduras aprobó recientemente la Ley Especial para garantizar la energía eléctrica como un bien público de Seguridad Nacional.
La aprobación de esta ley, que reserva al Estado las principales decisiones sobre la industria eléctrica, ha tenido una importante reacción en contra, tanto de la banca como de la derecha en Honduras. También de la administración Biden, que en un principio se ha mostrado cercana con el gobierno de Xiomara Castro.
Reforma Crítica
Laura Dogu, Embajadora de EE.UU. en Honduras, transmitió la “preocupación” de la administración Biden por la inminente aprobación de la ley para garantizar la energía eléctrica como un bien público de Seguridad Nacional.
“La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito, nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”, declaró Dogu.
A este anuncio, le siguió una reunión entre la Embajadora Dogu y el ministro de energía de Honduras, Erick Tejada.
La postura de Washington se volvió menos beligerante, pero la banca y los medios han hecho por su parte una potente oposición a la reforma energética.
Los contratos dolosos
Lo que los medios y la banca no dicen, es que detrás del inmenso negocio de la energía eléctrica, existían contratos dolosos, es decir, contratos lesivos para el Estado hondureño.
Datos publicados por el portal “El perro amarillo”, revelan que la Empresa Estatal de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), le pagaba a empresas privadas 990 millones de dólares anuales, pero en plazos establecidos en las cláusulas que siempre le harían quedar en mora con esas prestadoras de servicios.
La ley recientemente aprobada por el Congreso, le permite a la ENEE revisar estos contratos y reestructurar las deudas, de modo que las fechas de cobro a los abonados coincidan con la fecha de pago a las empresas proveedoras, entre otras revisiones necesarias para darle sostenibilidad al servicio eléctrico.
Lo que no va a suceder
Algo que le duele a la banca hondureña, es que la ENEE ya no será dividida en partes para ser privatizada.
De acuerdo a lo informado por “El Perro Amarillo”, en tanto llegó Xiomara Castro al poder, se frenó “el proyecto que divide a la estatal eléctrica para facilitar su privatización”.
Por esa razón, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad financiera ligada a Juan Orlando Hernández, suspendió al gobierno un crédito por 250 millones de dólares.
Esta decisión del BCIE, se produjo poco después de que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales, donde Xiomara Castro y el partido LIBRE habían ganado.
La reacción acostumbrada de los medios
Por supuesto, los medios aliados a los poderes económicos todavía resentidos por la extradición de JOH y todas las reformas implementadas por Xiomara Castro, intentaron llenar de sombras la reforma energética.
Entre otras matrices, se extiende la de la corrupción de la izquierda. Según esto, la ENEE pasaría por un proceso que le restaría capacidad técnica y administrativa para garantizar el servicio eléctrico.
El portal BNAmericas no vaciló en calificar, con el auxilio de un experto energético, que la reforma energética significaría un “retraso”.
“Es una cuestión más política e ideológica que técnica y pragmática”, señaló Jesús Medina Alva, experto entrevistado por BNAmericas.
Los números no mienten
La mayoría social de Honduras sigue del lado de Xiomara Castro. Las más recientes encuestas revelan que después de los primeros 100 días de gobierno, la presidenta tiene un 61% de aceptación.
Esto no se debe a otra cosa que a la coherencia. En 100 días, Xiomara Castro ha cumplido con su palabra de ir desmontando las estructuras que dejo la narco dictadura.
Hasta el momento, se han dado pasos contundentes para acabar la persecución política, frenar la corrupción, disminuir la desigualdad social (a través de subsidios), y sigue avanzando la intervención adecuada del Estado en los sectores estratégicos como la energía eléctrica y la minería.
