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Lasso propone nueva consulta pública de reforma constitucional

Igual que su antecesor Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se propone llevar a cabo una consulta pública para una reforma constitucional, vulnerando la propia Constitución del país.

¡Va a suceder otra vez! Una consulta pública podría quebrar algunas de las garantías que contiene la Constitución de Ecuador. ¡Y solo para facilitarle la tarea al frágil gobierno de Guillermo Lasso!

Hace apenas unos meses, un paro nacional puso en jaque el gobierno de Guillermo Lasso. En ese momento, se sabía que las organizaciones indígenas tenían la suficiente cantidad de apoyo y voluntad de resistencia como para provocar la muerte cruzada, pero esto no se concretó en el parlamento. Si no ocurrió fue por la traición de un grupo de parlamentarios también indígenas.

En aquel momento, se supo que las cifras de apoyo popular a Lasso rondaban el 20%, lo cual denotaba una caída escandalosa desde su elección hace apenas un año.

Desviar el control parlamentario

Desde el principio, a Guillermo Lasso le fue difícil convencer al parlamento de instaurar sus grotescas políticas neoliberales. Entre otros fracasos, estuvo el de la famosa Ley de Inversiones, que entregaba a la banca internacional -de la cual él forma parte- las más jugosas ventajas en suelo ecuatoriano.

Por ello, la cuarta pregunta se propone legitimar la reducción del número de parlamentarios, de 137 asambleístas a 100.

Uno de los objetivos principales es evitar la muerte cruzada. Este es un mecanismo constitucional que termina con el mandato presidencial, al mismo tiempo que obliga a la elección de nuevos asambleístas.

Trujillato, sin Trujillo

El Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social Transitorio, controlado por Lenín Moreno, puso al frente del nombramiento de altas autoridades del Estado ecuatoriano a Julio César Trujillo, inaugurando lo que se denominó el “Trujillato”.

El “Trujillato” acabó nombrando, entre otros, a la fiscal Diana Salazar, encargada de acusar a Rafael Correa, como Fiscal General del Ecuador, y a Pablo Celi, como Contralor General. Este último acabó en la cárcel por hechos de corrupción.

En la consulta pública sugerida por Lasso, se eliminará la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar a las autoridades.

La papeleta difundida habla de facultar a la Asamblea Nacional, pero no dice bajo qué mecanismos. Además, alude directamente a una enmienda constitucional que acabaría con la seguridad jurídica y el control social sobre los nombramientos de las altas autoridades del Estado. Esto es algo bastante similar a lo promovido por Lenín Moreno, pero con mayores visos de inconstitucionalidad.

Militarizar sin obstáculos

Las cifras de criminalidad en Ecuador han excedido todo lo esperado. Casi 1500 ecuatorianos han muerto de forma violenta en lo que va de 2022. Hablamos de unas cifras exageradamente altas, sobre todo en ciudades como Guayaquil.

Este contexto sería el motivo de la primera pregunta de la consulta pública propuesta por Guillermo Lasso.

En la misma, Lasso consulta a los ecuatorianos si están de acuerdo con enmendar la Constitución del Ecuador, para permitir que las Fuerzas Armadas sirvan de apoyo complementario a la Policía Nacional, en el combate al crimen organizado.

Pero la pobre gestión en materia de seguridad, así como los cuestionamientos a su exministro de Interior, Patricio Carrillo Rosero, que casi terminan en un juicio político, son muestras de que la fuerza que desea imponer Lasso, no necesariamente acabará con la delincuencia que cada día afecta a los ecuatorianos.