La condena contra CFK: una sentencia que aún no es firme
La sentencia de seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner aún no es firme, pues falta un largo trecho para que se confirme.
La condena contra Cristina Fernández de Kirchner es una sentencia que todavía no es firme. Quienes celebran este resultado del lawfare no recuerdan que se trata de un triunfo parcial y reversible.
El fallo del Tribunal Oral Federal No.2 (TOF) no tomó por sorpresa a nadie, y mucho menos a la vicepresidenta de Argentina.
“Está claro que la idea era condenarme como lo hicieron hoy”, recalca CFK, en una alocución posterior a la divulgación de la sentencia emitida por el TOF.
El desatino jurídico
Sin detenerse a señalar quiénes son los actores políticos involucrados en el juicio, es imprescindible apuntar hacia el desatino jurídico que involucra la condena de la vicepresidenta por el caso Vialidad.
La decisión del TOF condenó a CFK a 6 años de prisión por administración fraudulenta. Este delito está relacionado con el manejo de los recursos o bienes públicos.
En el caso Vialidad, la Fiscalía no ha podido probar que Cristina tuviese algo que ver con el manejo de los fondos para obras ejecutadas en la provincia argentina de Santa Cruz.
Quien ejecuta y administra el presupuesto desde el año 94 es la figura del jefe de gabinete. “En este caso, curiosamente, los jefes de gabinete fueron llamados a declarar como testigos”, advierte CFK.
El lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner está sustentado sobre un desatino jurídico donde el sujeto responsable, por ley, no es imputado, acusado ni condenado, sino otro sujeto más relevante políticamente.
Sentencia definitiva pero no firme
El fallo emitido por el TOF es definitivo, en el entendido de que cierra la etapa de juicio y concluye que efectivamente existe, según el criterio de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, una indudable vinculación entre Cristina Fernández de Kirchner y la comisión del delito de administración fraudulenta.
El TOF señaló además que no podrá ejercer de nuevo ningún cargo público. Con ello, se cumple el objetivo estratégico del lawfare: inhabilitar políticamente, en este caso, a la figura más importante del peronismo en Argentina.
Pero como hemos dicho, no es una sentencia firme. Ahora, resta esperar los fundamentos del fallo, pautados para el 9 de marzo de 2023.
Lo que resta del camino
Adicionalmente, el fallo debe ser confirmado por la Cámara Federal, instancia donde podría ser revertido o las penas pueden ser modificadas.
A esta etapa se le suma además el periodo de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Este incluye la admisión o negativa del recurso y su correspondiente sustanciación y decisión.
Los cálculos publicados por Página 12 de Argentina, refieren a una sentencia firme para finales del 2024 o principios del 2025.
