Plan Cóndor del siglo XXI (V): de juicios políticos a intentos de magnicidio
Quinta parte de un contenido reflexivo sobre los reiterados intentos intervencionistas en Latinoamérica bajo el formato de golpes de Estado. Durante la primera entrega se sentaron las bases argumentales que deben ser leídas para entender el texto que se reproduce a continuación. Para ello haga click aquí.
En octubre del 2010 llega al poder de Brasil la primera mujer presidenta Dilma Rousseff, misma que fue reelegida en las elecciones del 2014, a través del Partido de los Trabajadores. El gobierno de Dilma continuó con las medidas sociales y económicas de reducción de la pobreza implementadas por Lula, con el objetivo de reducir la desigualdad, haciendo que 50 millones de brasileños salieran de la pobreza.
Durante el segundo mandato de Dilma, la estrategia de alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño con Eduardo Cunha y su vicepresidente Michel Temer, se vio desfigurada, al romperse la alianza y pasar a ser oposición junto con el principal partido opositor, el Partido de la Social Democracia Brasileña
Estos tejieron acuerdos para desestabilizar y gastar la imagen presidencial dejando de apoyar las propuestas legislativas que enviaba el ejecutivo, a través de la correlación de luchas y fuerzas políticas.
Formalmente en diciembre del 2015, se orquesta un golpe a Dilma Rousseff, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), dio lugar al periodo de juicio político presentado por tres abogados. Dicho juicio fue aceptado por Eduardo Cunha Presidente de la Cámara de Diputados (PMDB) y apoyado por Michel Temer.
La mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, fue señalada de culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder Ejecutiva.
Con 61 senadores a favor, y 20 en contra, en un quórum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente. La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.
En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y posteriormente, en el sufragio sobre su actuación política, 42 senadores se manifestaron en favor de la inhabilitación, 36 en contra y tres se abstuvieron.
En este contexto, Dilma Rousseff no fue inhabilitada políticamente, debido a que no se obtuvieron los dos tercios (54 votos) necesarios de apoyo para la aprobación de la medida. Para la legislación brasileña, sólo la comisión de un “crimen de responsabilidad” es lo que permitiría iniciar un juicio político.
Entonces el Presidente de la Cámara de Diputados, viene acepta la denuncia de crimen de responsabilidad que se fundamenta en dos acciones cometidas:
La primera, la supuesta operación de crédito, vinculas al Programa del Ministerio de Desarrollo Agrario, mediante la cual habría realizado operaciones contractuales con el Banco de Brasil por retrasos en los pagos.
La segunda, la autorización de seis créditos/partidas suplementarias por decreto, sin autorización del Congreso supuestamente violando la legislación presupuestaria.
Muchos elementos de la denuncia permiten afirmar que ninguna de estas dos acciones constituye un crimen de responsabilidad. Pero, además, cuestiones procedimentales del tratamiento de la denuncia ameritan la nulidad del proceso de “impeachment” en curso.
Pero la pronunciación fue favorable a la destitución mucho tiempo antes de los alegatos de la defensa por parte de numerosos Diputados y Senadores, y las razones del voto afirmativo totalmente ajenas a la denuncia.
Durante el proceso de este golpe de Estado parlamentario a la presidenta Dilma, la UNASUR denuncio con mayor énfasis la ilegalidad de este proceso y la preocupación por la falta de garantías constitucionales en el juicio
Por su parte el presidente de la Comisión Iberoamérica de Derechos Humanos comparaba este golpe de Estado bajo los métodos orquestados en Honduras y Paraguay, mientras que miembros de la OEA señalaban que no había motivos para alarmarse porque consideraban que las instituciones de Brasil eran sólidas.
Vuelve a estar presente el arsenal mediático de propaganda, concentrando una feroz política de desprestigio hacia el gobierno, y sobre todo contra las figuras de la presidenta Dilma y Lula Da Silva
Su objetivo principal de estas matrices era dejar sobre la opinión pública que el Partido de los Trabajadores estaba en un foco de corrupción y que la Presidenta era incapaz y débil para conducir políticamente el país.
Así salen con su eslogan de “corrupción e incapacidad” que lograron penetrar en las mentes de la ciudadanía logrando reducir estrepitosamente la imagen de la presidenta. Siendo un aliciente para que los opositores enquistados en los poderes pudieran dar el golpe de Estado parlamentario.
La actual embajadora de los EEUU en Brasil, Liliana Ayalde, fue también la embajadora de dicho país en Paraguay hasta poco antes del golpe de Estado a Fernando Lugo. Otro dato no menor es el que reveló recientemente Wikileaks: que el Presidente interino fue informante de la CIA, según documentos fechados en 2006.
En ellos se indica que Temer intercambiaba datos “sensibles” y “sólo para uso oficial” con la Embajada de EEUU. Esta información era enviada al Consejo Nacional de Seguridad y al Comando Sur.
Los documentos filtrados revelan que Temer estaba preocupado por el giro izquierdista del gobierno y, a su vez, ilusionado con que ello generara el descontento suficiente como para que su partido presentase candidato a las elecciones de 2006.
Junto a ello, el descubrimiento de las escuchas telefónicas realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a la Presidenta y parte de sus principales funcionarios durante su primer mandato, confirma el enorme interés de los Estados Unidos en la política interna del Brasil, contrastando con su posición oficial de bajo calibre de que “existe confianza en la solidez de las instituciones brasileñas”
Tras mostrar la experiencia de Brasil, en los últimos tiempos sigue vigente la agenda hegemónica para desestabiliza a las naciones libres, democráticas, progresistas e independientes de América Latina. Tal fue el caso del funesto intento de Golpe de Estado en Venezuela 2018.
Para el 2018 se intentó un golpe de Estado en el marco del plan denominado “Operación Constitución”, donde estaban involucrados capitanes, coroneles y generales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).
Los golpistas tenían como propósito capturar al mandatario venezolano y enjuiciarlo, luego de asaltar el palacio presidencial y la principal base militar del país. Todo con la meta de evitar las elecciones presidenciales, en las que luego Nicolás Maduro fuera nuevamente electo en los comicios.
Esta operación en su mayor parte estuvo planificación en Bogotá, con apoyo de funcionarios colombianos y estadounidenses. Como es de conocimiento público, Venezuela durante estos tiempos es un blanco del Gobierno de los Estados Unidos, el cual busca intervenir territorio venezolano, así como injerencias económicas y políticas.
Con autoproclamación los estadounidenses buscan romper el orden Constitucional. El actuar de la comunidad internacional apegados a la política exterior de los Estados Unidos representado a través del Grupo Lima, tiene una campaña masiva y mediática de bloqueo económico, político y de Relaciones Diplomáticas contra el Mandatario Nicolás Maduro.
Los casos tanto de Brasil como el de Venezuela es la continuación histórica de una serie de asedios políticos, económicos y militares contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Ante las acciones de desestabilización siempre se manifestará la dignidad de las naciones libres y soberanas divorciadas de los interese de Washington.
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