Factura de la luz: la rebaja del IVA es una solución temporal para un problema “alarmante”
Alberto Garzón avizora una “reducción posible, hipotética, del 21% al 10%”, de la fiscalidad de la factura en el servicio eléctrico, como "acción extraordinaria".
En el marco del más reciente aumento de los costes del servicio eléctrico en España, el pasado jueves 17 de junio en el senado se llevaron a cabo un conjunto de deliberaciones conducentes a un eventual ajuste de las medidas ejecutadas en materia eléctrica.
Ha sido evidente el impacto que ha tenido el aumento de las tarifas del servicio eléctrico, ya que ha representado en la realidad de la ciudadanía española una barrera adicional para acceder a un servicio fundamental.
Dicha medida de aumento fue aplicada bajo el argumento de propiciar el desplazamiento del consumo fuera del periodo de mayor uso eléctrico. Consiste en una estrategia para regular la demanda de energía eléctrica provocando un aplanamiento en la curva de consumo diaria.
Una medida pragmática, pero que no resolvería el problema de fondo acerca de la distribución efectiva de la electricidad. Actualmente, la gestión eléctrica en España recae sobre un oligopolio, que invierte en tecnología de manera ineficiente y ofrecea sus empleados unas condiciones de trabajo precarias. Todo ello junto a precios que impiden un acceso universal a la energía eléctrica.
Sin embargo, el gobierno de coalición conformado por el PSOE y Unidas Podemos, siendo consecuente con su agenda social enmarcada en el documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, donde fijan una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas, actualmente ha emprendido acciones correctivas para neutralizar los efectos negativos del aumento del servicio eléctrico sobre la cotidianidad española.
Por ello, el gobierno central conjuntamente con las organizaciones de izquierda española, ha fijado posición manifestándose en favor de la reducción de costes en el servicio de electricidad, posibilitándole de esta manera a la población un mayor acceso del recurso energético.
El referido pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos, tiene una gran trascendencia. No solo por dar paso al primer gobierno de coalición que se ha formado en España desde el golpe a la II República. Es también el primer gran pacto de un gobierno progresista desde la llamada Transición, y se basa en un programa con un fuerte contenido social.
En ese sentido, las fuerzas progresistas han realizado importantes avances. Como muestra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el cual ha asomado la posibilidad de aplicar eventualmente una reducción del IVA de la electricidad, con el fin de paliar el fuerte encarecimiento de la energía en el mercado mayorista.
El ministro Garzón, a pesar que inicialmente se opuso a una reducción del impuesto al valor agregado, ahora avizora una “reducción posible, hipotética, del 21% al 10%”, de la fiscalidad de la factura, como “acción extraordinaria“. Dichas medidas se ejecutarían mientras entran en vigencia las reformas estructurales que ha propuesto el Ejecutivo para abaratar el recibo.
De igual forma, Garzón mostró su preocupación sobre la percepción de los mercados futuros sobre el sector eléctrico y el margen de adaptabilidad del gobierno ante esos escenarios. Sobre ello el ministro afirma “vamos a una situación compleja, con el mercado de futuros tenemos motivos para alarmarnos, el mercado de futuros está avisando de que el precio de la energía va a seguir creciendo“.
La posible reducción del costo de la electricidad no ha sido bien recibido por las empresas del sector, ya que ven en la posible medida el motivo de importantes pérdidas, las cuales se estiman en mas 1.000 millones de euros anuales.
Asimismo, el discurso político conservador en España considera tal reducción contraproducente. Bajo la teoría neoliberal, argumentan que la proliferación de un proceso de eterna competencia y la deshumanización de la productividad conducirá inevitablemente a una reducción de los precios. Tales basamentos han resultado ser contradictorias considerando las realidades actuales de España.
Históricamente las políticas neoliberales en España, se caracterizan por un desarrollo donde la supremacía del capital privado y extranjero tienen absoluta capacidad decisoria. Esto último ha mermado considerablemente la soberanía financiera, tecnológica y moral del Estado español.
Ajustar las medidas de aumento se han convertido en tema de agenda pública para las diferentes representaciones de izquierda. Dicho lo cual, la vicepresidenta segunda del Gobierno Central, Nadia Calviño, aseguraba que lo que se plantea el Gobierno ante la escalada del recibo es recuperar “alguna medida de las que ya tomamos con carácter de emergencia para reducir la factura a corto plazo”.
De igual forma, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica, reducir del 21% al 10% el tipo de IVA del recibo, pero de forma permanente.
Asimismo, la también vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, señala que está “viendo si es necesario tomar alguna medida de las que ya se han tomado con carácter de emergencia para reducir la factura a corto plazo”.
Por su parte, Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica declaró en el Congreso que estudia la “suspensión” de alguna figura impositiva, tal medida tendría “carácter excepcional y provisional (…)No es descartable que en una situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento”, señala la ministra.
Durante su comparecencia en el congreso, Garzón aseguró entender la “frustración” y “rabia” de la sociedad ante el “incremento espectacular de los beneficios” de las tres grandes compañías, mientras sube la luz.
El ministro también ha señalado que el Gobierno tiene una preocupación “muy importante por el incremento de los suministros básicos de las familias trabajadoras”, que ha atribuido a la “dependencia energética estructural” de España, la estructura de oligopolio del mercado eléctrico español y una política pública en las últimas décadas muy “mejorable”, con ejemplos como la privatización de Endesa que “ahora rinde beneficios al Estado italiano”.
Para 2021, la producción eléctrica en España se distribuye en: nuclear, eólica, ciclo combinado, hidráulica, cogeneración, solar y otras. De este modo, existe una diversificación de las fuentes de electricidad, posicionando a España en un escenario donde, sí es posible una distribución justa y humana del servicio eléctrico, donde la ciudadanía deje de ser un mero cliente y se convierta en un sujeto de derechos.
En este sentido, la realidad tangible demuestra la ineficiencia del oligopolio privado en la gestión del sector, y su falta de voluntad en dar pasos hacia una revolución en las tecnologías de producción eléctrica. Por tanto, debe comenzar un proceso de reestructuración del sistema español que conduzca a un eventual esquema de nacionalización, la cual, acabaría con la opacidad tan características de este sector.
