La Ola civilizatoria latinoamericana versus el Plan Cóndor

Durante las décadas de 1970-1980 las dictaduras militares en América Latina pusieron en marcha un plan coordinado con los EEUU, para eliminar la oposición política, principalmente de ideología de izquierda, conocida como Plan Cóndor.

En el Plan Cóndor se conjuntaron los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia) y Estados Unidos (EEUU), bajo la dirección de la Agencia Central de Inteligencia.

Este perverso plan tuvo en la Escuela de la Américas, el espacio donde torturadores (de los que luchan por la democracia en Cuba y Venezuela) enseñaban a estirar testículos, electrocutarlos, romper huesos y, en general, a doblegar voluntades de las y los secuestrados ilegalmente.

Mientras tanto, el gobierno de EEUU se rasgaba las vestiduras hablando de democracia y Derechos Humanos e inundaba su sociedad con cocaína colombiana, para garantizar la continuidad del financiamiento del Plan Cóndor y del modo de vida americano.

En Noviembre 25, 2021 se cumplen 41 años desde que las dictaduras de los países del Cono Sur se unieron para desaparecer, torturar, asesinar, detener y reprimir a los opositores. En la actualidad existe una reedición del Plan Cóndor, esta vez dirigido a derrocar gobiernos progresistas siguiendo, en parte, el guion del golpe militar en Chile de 1973 pero, sobre todo, el golpe de Estado en Ucrania de 2014.

El imperialismo norteamericano; que sobrevive sentado en sus enormes déficit fiscal y deuda pública (producto de subsidios para mantener a flote su economía), utiliza el Swift, el dólar y su complejo militar para intimidar a la comunidad internacional y poder seguir viviendo con una deuda que no puede pagar; ha perdido influencia incluso dentro de sus aliados históricos.

En ese contexto, las dimensiones de la segunda ola civilizatoria toman por sorpresa al gobierno norteamericano y pone en marcha la reedición del Plan Cóndor, esta vez sin la barbarie de las desapariciones forzadas y la tortura generalizadas (salvo el cao de los garífunas secuestrados y desaparecidos en Honduras), pero con las mismas pretensiones de erradicar las ideas de izquierda de la región.

Así, el nuevo Plan Cóndor busca el revanchismo político de la derecha, pretende destruir y desprestigiar los avances sociales alcanzados por los gobiernos que se subieron en la primera y ahora segunda ola civilizatoria, además de la desaparición del imaginario colectivo, a cualquier costo, de militantes de izquierda y ambientalistas.

No obstante, hay gobiernos de la primera ola civilizatoria que sobrevivieron a la embestida imperialista, y movimientos sociales que lograron recuperarse y suben o están por subir a sus naciones a esta segunda ola civilizatoria.

La nueva versión del Plan Cóndor persigue crear desesperación en la población y, además, afectar el financiamiento de los programas sociales y asesinar líderes de base media y baja de los partidos socialistas y populares como Berta Cáceres (Honduras), el diputado Robert Serra (Venezuela) y las decenas de asesinatos en Colombia.

Estas acciones tienen como objetivo, principalmente, restarle los liderazgos influyentes a los partidos de izquierda y desmoralizar a sus militantes, aunado al empleo de campañas mediáticas para criminalizar a los mandatarios y hundirlos políticamente.

Buscando que sean procesados y desterrados del ámbito político, indagando permanentemente sobre cualquier aparente desliz que pueda sindicarlos de actos de corrupción.

En este último sentido, el nuevo Plan Cóndor se desarrolla en un contexto donde el narcotráfico ya ha infiltrado a todos los países y partidos latinoamericanos. Es un mal que crece a lo largo de todo el continente y que se adueña de las poblaciones con el objetivo de crear puertos libres para el tráfico de drogas entre el Sur y el Norte.

El narcotráfico es una forma de terrorismo que incluso en Venezuela se ha desarrollado con la injerencia de bandas criminales que operan desde Colombia y que no solo busca generar temor e instaurar un mercado, sino incluso alcanzar el poder.

De esta manera se busca, con apoyo de los medios de comunicación, culpar de la corrupción a los movimientos y partidos de izquierda, pese a que muchos de ellos son los que han iniciado la lucha por el esclarecimiento de estos casos, pretendiendo establecer una asociación entre los delitos y los líderes de izquierda.

En ese sentido, el Plan Cóndor utiliza las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y la manipulación de jóvenes para desestabilizar gobiernos de corte civilizatorio.

Organizaciones como Súmate, liderada por la exdiputada de derecha María Corina Machado y directamente vinculada con el golpe de 2002, son las encargadas de generar movimientos en las calles con jóvenes utilizados para propiciar acciones violentas.

USAID y la NED invirtieron más de 100 millones de dólares entre 2002 y 2012, en auspiciar a grupos de oposición y crear al menos 300 nuevas ONG en Venezuela.

La nueva versión del Plan Cóndor se basa en golpes suaves y parlamentarios, empleando el mismo ordenamiento jurídico del país: moción de censura, investigaciones de tipo judicial (juicio político), declaración de “incapacidad para gobernar” para forzar una renuncia, entre otros.

Los medios de comunicación privados y las élites político-económicas cumplen un rol importante en la ejecución de estas nuevas acciones, al manipular la información y las leyes para desestabilizar los países que se oponen a los dictados del imperialismo norteamericano.

El expresidente boliviano, Evo Morales manifestó que los pueblos deben “acordar medidas para que los Gobiernos de la derecha de Latinoamérica no sigan participando en los golpes de Estado bajo la dirección de EEUU, provocando luto y dolor a nuestros pueblos”.

Finalmente, en el contexto del nuevo Plan Cóndor se debe hacer alusión al magnicidio en Haití, con mercenarios colombianos y norteamericanos.

Los intentos de ganar un territorio, a manera de cabeza de playa, en Venezuela y Cuba para justificar la intervención, la arrogancia con que la derecha en Honduras ahora se retracta de acuerdos previos para garantizar la transparencia en las elecciones de Noviembre 2021 y las amenazas que se ciernen sobre el irreverente Bukele en El Salvador.

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