Las alianzas neoliberales entre Iván Duque y Pedro Sánchez

Este jueves 16 de septiembre, el presidente colombiano Iván Duque llega a España donde será recibido por el Rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el marco de la visita oficial al país europeo.

Se prevé el desarrollo de varios encuentros entre los mandatarios, quienes firmarán instrumentos de cooperación internacional en materia de seguridad, inversión y cultura. Asimismo, se plantea adicionalmente un encuentro con empresarios.

En este sentido, Duque tiene previsto participar en un acto empresarial organizado por la entidad empresarial España Exportación e Inversiones (ICEX) junto a la Cámara de Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con la Embajada de Colombia en España, ProColombia y Casa de América.

El objetivo del encuentro, según la organización, es dar a conocer la situación actual del mercado colombiano y las oportunidades de negocio para las empresas en sectores como las infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, transformación digital, turismo, desarrollo urbano y agroindustria, en un momento de crecimiento sustancial de la economía colombiana.

Para sellar esta nueva alianza neoliberal, Iván Duque recibirá de parte del gobierno español la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que representa una de las máximas condecoraciones que concede el Estado español.

Una Orden que premia “aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional”, según expresa el real decreto en 1998.

Una condecoración a “comportamientos extraordinarios” como el de Iván Duque en esta ocasión, implica el reconocimiento a la complicidad para reforzar el carácter autoritario y neoliberal del modelo capitalista respondiendo a los intereses de la burguesía, oligarquía, grandes corporaciones y el abandono del pueblo colombiano.

Lo que no se informará es que estos acuerdos en materia de seguridad, inversión, cultura y entre empresarios responden a, lo que Milton Santos explica en su trabajo “Por uma economía política da cidade” (1994), la globalización: “etapa de planetarización de las relaciones sociales capitalistas, o más sencillamente, esta nueva fase imperialista del capitalismo“.

Tras la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2021 para el presidente colombiano Iván Duque, hay un territorio que se negocia y se pretende “organizar” atendiendo a las definiciones de los centros de poder.

Con estos acuerdos se golpean y se invisibilizan los sectores sociales populares, tales como las experiencias organizativas en zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y territorios ancestrales, territorios de comunidades negras – afrocolombianas, zonas de biodiversidad, redes de custodios de semillas, fincas agroecológicas, asociaciones de acueductos comunitarios, mesas eco-barriales, entre otras.

Entretanto, “unos sectores dominantes, nacionales y extranjeros, que ordenan el territorio atendiendo a lógicas verticales y utilitaristas y definen patrones espaciales ajustados a la lógica del valor. Territorios dedicados al extractivismo minero energético, zonas francas y de desarrollo empresarial, puertos de carga, centros urbanos gentrificados, entre otros, son representativos de la racionalidad territorial dominante”, como indica Carolina Jiménez en su investigación “Crisis del Neoliberalismo y dinámica Constituyente en Colombia” (2015).

En Colombia se vive una cruel disputa territorial, como respuesta a los patrones espaciales estructurados bajo las modalidades de acumulación dominantes. “Entrado el siglo XXI, se ha terminado de definir un nuevo patrón de reproducción del capital, el cual se soporta en la exportación de bienes minero-energéticos y productos agrícolas, en el desmantelamiento del aparato productivo, en una amplia movilidad del capital financiero y especulativo, y en una creciente trasnacionalización económica”, explica Jaime Osorio en su estudio “América Latina bajo el fuego de las grandes transformaciones económicas y políticas” (2012).

La mayor parte de las exportaciones colombianas se centra en la extracción de minerales como oro y carbón, en la explotación de hidrocarburos y en algunos productos agrícolas como café, flores y banano.

Según el reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE). En mayo de 2021, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 51,3% del valor total de las exportaciones, con 1.587 millones de dólares.

Lo sigue el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, con 22,2% y 688 millones de dólares. En tercer lugar, las manufacturas significaron un 17,2% con 531 millones de dólares. Otros sectores, con 9,3% con 289 millones de dólares.

Los tres principales destinos son Estados Unidos (EEUU), China y España, los cuales a su vez son los principales inversores en el país.

El hecho de que la minería en Colombia sea reconocida como de utilidad pública e interés social, ha permitido el decreto a su favor de expropiaciones de los bienes inmuebles que sean necesarios para su ejercicio; situación constante que a su vez ha permitido que un gran número de comunidades sean desplazadas por el emplazamiento de proyectos minero-energéticos.

Carolina Jiménez afirma que para el 2015, “el territorio nacional reconoció como apto para concesión en áreas estratégicas de minería a 22.262.646 hectáreas. Esto representa 30% del área continental del país neogranadino. Áreas que tienen una importante biodiversidad y una alta presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes”.

Asimismo, Jiménez indica que para el 2015 se encontraban “concesionadas 5.324.493 hectáreas, las cuales se ubican en suelos que por su composición deberían ser dedicados exclusivamente para la producción agrícola.

Según estimaciones, 40% de las explotaciones mineras se ubican en tierras agropecuarias de alta producción, con los impactos que de esto se ha desprendido para la economía campesina.

De ahí que el mapa de zonas de reserva campesina denote como uno de sus principales conflictos, la explotación minero-energética existente y la proyectada”.

Un comportamiento similar ocurre en el caso de los hidrocarburos en Colombia, ya que los Departamentos en explotación tienen una alta presencia de comunidades campesinas. Como consecuencia, el alto impacto que tiene este modelo en la disminución de la producción agrícola.

La explotación minero-energética se desarrolla por parte del capital trasnacional. Colombia recibió 16.054 millones de dólares en 2014, de los cuales, el sector de extracción sigue siendo el mayor receptor.

Son las consecuencias del sistemático negocio bajo el modelo capitalista que dirige Colombia, bajo el mandato del presidente Iván Duque, quien hoy no solo es premiado en España con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica sino que paralelamente es recibido con protestas de parte de los movimientos sociales que han rechazado el anuncio, recordando las víctimas por enfrentamientos con la Fuerza Pública en medio de los dos meses de protestas y movilizaciones que se iniciaron el pasado 28 de abril en el marco del Paro Nacional.