Colombia: la ruptura social frente a la violencia gubernamental
Colombia vive una de las peores crisis políticas de su historia que conllevó el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, tras una semana de fuerte presión social, el mandatario convocó a un diálogo.
El Gobierno de Colombia presentó el pasado 15 de abril el proyecto de Ley 594 de 2021, nombrado “Ley de Solidaridad Sostenible”, con el fin de ampliar la base tributaria, mermada por la pandemia, mediante el cobro de impuestos a la renta a partir del año 2022.
Así, todos aquellos individuos que ganen más de 2,4 millones de pesos mensuales, es decir, unos 533 euros, tendrían que pagar. Un año después, este impuesto se ampliaría a todos aquellos que perciban por encima de los 1,7 millones de pesos mensuales (383 euros).
Ante esta situación que afectaba claramente a las clases media y trabajadora, también en el alza de impuestos a los servicios básicos, ya muy golpeadas por la crisis del COVID-19, la mayoría social ha salido a las calles a protestar.
Antes de la pandemia ya se habían iniciado movilizaciones durante noviembre de 2019 en protesta contra la política económica del actual presidente Iván Duque, que resurgieron con más fuerza el 28 de abril cuando se anunció un Paro Nacional en distintas ciudades de Colombia como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá, luego del malestar social por parte de los ciudadanos con el proyecto de ley de reforma tributaria, también conocido como el “paquetazo fiscal”.
Estas manifestaciones multitudinarias lograron hace días que el gobierno de Duque retirase el proyecto de ley, pero así mismo el gobierno mostró una represión desmedida contra los manifestantes, que ha sido evidenciada en las redes sociales.
Las víctimas y los testigos de lo sucedido han retransmitido la represión a través de numerosos vídeos y testimonios, por los que se han denunciado acciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra civiles en algunas ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.
La actuación del Estado colombiano ha dejado decenas de asesinatos, como saldo de la aplicación de lo ordenado por Iván Duque. A los que hay que sumar centenares de heridos y otros tantos más denunciados como desaparecidos y detenidos arbitrariamente.
Estos números se desprenden de los datos de la Defensoría del Pueblo y Organizaciones de Derechos Humanos, que también han sido víctimas de la violencia de la policía. Camino a las dos semanas de protestas, la violencia en las calles se ha intensificado y ha sido defendida por el Gobierno como una forma de evitar “acciones vandálicas” y de “terrorismo”.
Por su parte, los manifestantes han recogido un pliego de peticiones hacia el gobierno como el retiro del proyecto de ley de reforma a la salud, que es criticado por haberse creado de manera inconsulta, y por fomentar la privatización de ese sector.
Otra cuestión a tratar es la renta básica para los trabajadores más afectados durante la pandemia, la Defensa de la producción nacional, la matrícula gratuita para los estudiantes, y la derogación del decreto que abre paso a las aspersiones aéreas con glifosato, aprobado recientemente por Duque, a pesar de los cuestionamientos de grupos ambientales.
La Comunidad Internacional ha puesto el foco de atención sobre esta cuestión, condenando el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía durante las manifestaciones de protestas, que no pierden fuerza con el paso de los días.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) recordó esta semana la importancia de que el Gobierno de Colombia garantice la protesta social y permita las marchas pacíficas, luego de las denuncias de disparos y agresiones por parte de la policía contra integrantes de uno de sus equipos de Derechos Humanos en la ciudad de Cali.
Por su parte Amnistía Internacional ha confirmado que la policía colombiana ha utilizado armamento letal en varios incidentes, y armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos, cañones de agua y otros materiales contra manifestantes.
El Grupo de Puebla manifiestó su preocupación por la situación de violencia que golpea a Colombia, y rechazó “el llamado temerario e irresponsable de dirigentes de la derecha a los miembros de la Fuerza Pública para que utilicen de forma indiscriminada sus armas contra la población civil que está haciendo en las calles uso de su derecho legítimo al reclamo de sus derechos“.
La Organización Juventud Latinoamericana Progresista (JLAP) también condenó los hechos de violencia que atentan contra los derechos humanos, e hizo un llamado a la “comunidad internacional en contra de la represión, abusos de poder, violación sexual, desapariciones y asesinatos ordenados por el gobierno y ejecutados a través de la policía y las Fuerzas Armadas de Colombia”.
