Los malogrados acuerdos de paz, claves para entender el Paro Nacional en Colombia

El análisis de las protestas que se desarrollan actualmente en Colombia es un elemento que se puede estudiar desde varias perspectivas; desde cualquiera de ellas el hincapié en la paz es un factor determinante para la comprensión de las diversas dimensiones del conflicto.

En el año 2016, Juan Manuel Santos, presidente de turno en Colombia, firmó un Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras más de medio siglo de conflicto armado en el país. El proceso que implicó cuatro años de negociaciones en La Habana (Cuba), se concretó con la firma ante 13 jefes de Estado, casi una treintena de cancilleres y más de 2.500 invitados.

En esta ocasión, el apretón de manos entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, levantaba la esperanza de la sociedad colombiana que ansiaba la paz y con ella el inicio de una nueva etapa en la historia; además las FARC no pensaba individualmente sino que representaba la lucha de todo el movimiento de izquierda del país.

Debemos asegurar que todos quienes participan en política, incluido el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC a la legalidad, tengan plenas garantías y absoluta libertad para manifestar sus opiniones políticas y ejercer la política en todo el territorio nacional. Juan Manuel Santos.

El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” contenía propuestas socialdemócratas incluso algunas socialistas que chocan con las posturas neoliberales que defienden el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su pupilo Iván Duque.

Acuerdo Final

• Poner fin a la guerra: Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC.
• Verdad, justicia y reparación para las víctimas: Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
• Contra el narcotráfico: Acuerdo Solución al problema de las drogas ilícitas.
• Mejores oportunidades para el campo: Acuerdo Política de Desarrollo Agrario Integral. Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI).
• Más participación y democracia: Acuerdo Participación Política. Apertura democrática para construir la paz.
• La puesta en marcha del acuerdo final: Acuerdo Implementación, verificación y refrendación.

Con el Acuerdo de Paz del 2016, el pueblo colombiano apostaba vencer el oscuro pasado que representó el asesinato sistemático de miles de militantes de la Unión Patriótica (UP), un partido fundado por miembros de grupos guerrilleros, incluidos las FARC, tras un proceso de paz en 1985.

Para ese entonces el acuerdo entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y los guerrilleros buscaba la incorporación paulatina de estas organizaciones a la vida política del país.

La UP logró postular candidatos para las elecciones de 1986. Aunque de aquel proceso el partido obtuvo la victoria de 5 senadores, 14 diputados y 23 alcaldes; por otro lado su candidato a la presidencia, Jaime Pardo Leal, quien quedó en tercer lugar, fue posteriormente asesinado en presencia de su familia en 1987.

Se calcula que entre 3.000 y 6.500 de sus miembros y militantes fueron asesinados sistemáticamente a manos de grupos paramilitares de derecha y de narcotraficantes apoyados por el Estado.

Estos hechos, considerados como genocidios, se extendieron desde la creación del partido UP en 1984, hasta 2002 o 2004, incluyendo asesinatos sistemáticos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y exilios.

Precisamente Juan Manuel Santos durante las reuniones en el año 2016 reconoce la responsabilidad del Estado en lo que denominó un “exterminio” de la UP, “esa tragedia jamás debió haber ocurrido (…) La persecución de los miembros de la UP fue una tragedia que conllevó su desaparición como organización política y causó un daño indecible a miles de familias y a nuestra democracia”, agregó el mandatario.

Enemigos de los Acuerdos de Paz

No obstante, las reacciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del Uribismo fueron sabotear e impedir el Acuerdo de Paz con las FARC hasta el punto de llamar a la “resistencia civil” en contra de los acuerdos y solicitar un plebiscito para refrendarlo y no tramitar el pacto con la guerrilla por el Congreso, una conducta cónsona por su reconocida vinculación con el narcotráfico y donde la guerra le resulta un oxigenante.

El día que firmen ese acuerdo, que todo indica que va a ser muy próximo, tengo que invitar a los ciudadanos que estamos con estas preocupaciones a que nos preparemos para actuar en los próximos días cómo vamos a resistir civilmente esto. Álvaro Uribe.

Abandono Estatal

Mientras tanto, la nación suramericana hasta el día de hoy se encuentra sumida en numerosas protestas ante la crisis económica, social, sanitaria y la violencia.

La tercera ola de la Covid-19 que golpea al país arroja un reporte superior a los 89.000 muertos y más de 3 millones de contagiados; paralelamente ocurre la represión policial contra los manifestantes en casi todas las ciudades desde que comenzó el paro nacional el 28 de abril de 2021.

Hasta el 31 de mayo de 2021, Colombia registra 3.789 casos de violencia policial, 45 homicidios presuntamente cometidos por la policía y 1.649 detenciones arbitrarias; cifras aportadas por la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El pueblo colombiano protesta hoy además por los asesinatos de los líderes sociales, defensores de los derechos humanos y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Debido a los incumplimientos del Estado, la cifra de asesinados es de 274 exguerrilleros desde 2016, y 25 en lo que va de 2021.

Entre las demandas más importantes de la población está el cumplimiento de lo acordado en 2016, la Paz. Sin embargo, denuncian que la respuesta del Estado colombiano ha sido el abandono.