La amenaza del golpe de Estado en Perú sigue presente
La derecha liderada por Keiko Fujimori se ha replegado a tiempo en un escenario dominado por Pedro Castillo.
Pedro Castillo ha sido proclamado presidente de Perú, tal y como mandaban las urnas que recogieron la voluntad popular de los y las peruanas el pasado domingo 12 de abril. Más de tres meses después las autoridades peruanas han tenido a bien reconocer los resultados.
Una cuestión que mide perfectamente la manipulación a la que estamos sometidos, ¿permitiríamos el mismo lapso de tiempo para pronunciarse a las autoridades electorales de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, México, si los sondeos preliminares hubieran dado la victoria a la oposición a los actuales presidentes de izquierda?
Ya sabemos que no, porque los mismos medios que no han informado sobre Perú, o lo han hecho en tono calmado, explicando el contexto de la nación suramericana para tardar tanto tiempo (lidiar con un intento de golpe de Estado), no serían tan comprensivos con los otros ejecutivos, que impiden a los accionistas de esos medios acceder a los recursos hidrocarburos y naturales.
En Perú, la derecha es salvaje por su conexión con la dictadura de Alberto Fujimori. Su hija Keiko sostiene el legado de su padre, ejemplificado en sus maniobras políticas durante los meses siguientes a la victoria de Pedro Castillo, negándose a reconocer el resultado, lo que provocó una tensión social que ha polarizado a la sociedad, dividida ahora frente a la presidencia constitucional de Castillo.
Su discurso, racista y clasista, ha sido la base para la llamada a un golpe de Estado que no ha sucedido, pero que muestra que el campo conservador peruano lo ha justificado como un mal menor para salvar la democracia.
Un sistema que dicen defender, pero que cuando las reglas del juego no les han favorecido, han comenzado una campaña de odio que ha llegado a poner en el debate cuestiones como las esterilizaciones forzosas a las mujeres indígenas, y a expresar que los habitantes del ámbito rural peruano no tienen la capacidad intelectual para gobernar, sin que Keiko Fujimori haya realizado ningún esfuerzo para anular las propuestas de sus votantes.
Tras meses de presentación de recursos ante el poder electoral, con el objetivo de alargar la proclamación de Castillo y poder convencer a los sectores militares de alzarse contra la voluntad de las urnas, en base a la creación de condiciones de caos social mediante el discurso de odio, Keiko Fujimori ha desistido, al menos públicamente.
Tras la proclamación del profesor rural como presidente de Perú, Fujimori, expresándolo como si fuera un favor “voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender“, pero expresando a la vez que ha habido fraude, sin aportar a día de hoy ninguna prueba, ya que sus apelaciones han sido comprobadas y rechazadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En su mensaje existen dos cuestiones que degradan la democracia peruana, en primer lugar avisa que como principal fuerza de la oposición, no reconocerá la Asamblea Nacional Constituyente que convocará Castillo para redactar una nueva constitución, que Fujimori usará para insistir en su llamado al golpe, puesto que la nueva Carta Magna, será el nuevo intento del presidente de convertir a Perú en una nueva (poner aquí la nación con gobierno de izquierdas que prefiera).
Y para defender la democracia (lo que ella entiende por democracia: el actual status quo que concentra la riqueza en unas cuantas familias de Lima) no queda más remedio que recurrir al golpe de Estado.
Porque no es creíble que tras llevar desde la primera vuelta apostando por esa estrategia, de un día para otro Keiko haya comprendido que es la democracia, más aún sintiéndose orgullosa del legado de su padre, el brutal dictador Alberto Fujimori, a quién ella quería sacarlo de la cárcel con un indulto presidencial al llegar al poder.
La otra cuestión fundamental es que sus declaraciones buscan quitar la credibilidad democrática, y la legalidad constitucional a Pedro Castillo, ya que al expresar que ha ganado mediante un supuesto fraude, no es el presidente de los peruanos.
Con ello un amplio espectro social justificaría un golpe de Estado contra él, ya que habría usurpado la presidencia que no le corresponde según el discurso de la líder fascista.
La democracia en Perú corre peligro a causa de la oposición a Pedro Castillo, que no quiere asumir que los indígenas que antes les servían, ahora les gobiernen. La movilización social que la izquierda ha logrado organizar en estos meses será fundamental para resistir a una intentona golpista, que se dará antes o después.
La historia lo demuestra, la movilización salvó a Hugo Chávez en 2002 y a Rafael Correa en 2010, la ausencia de ella pudo con Salvador Allende en 1973 y a Manuel Zelaya en 2009, por nombrar algunos ejemplos.
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